• Nuevo modelo debe estar blindado
• La vigilancia in situ, lo principal

El próximo miércoles el Gobierno pondrá sobre la mesa una de sus cartas más fuertes, al menos en lo que se refiere a impacto social. Ese día dará a conocer las bases de la reforma al Plan de Alimentación Escolar (PAE), el programa mediante el cual se ofrecen desayunos, refrigerios y almuerzos a más de cinco millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos, a un costo billonario cada año.

Como se sabe, el PAE terminó siendo uno de los principales blancos de la politiquería, la corrupción y las redes de contratación, que se apoderaron de cuantiosas sumas, sin importar que por ello una gran cantidad de estudiantes se quedaran sin alimentos a diario o, peor aún, recibieran comida en estado de descomposición o en cantidades ínfimas e indignantes.

Los últimos informes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría dieron cuenta de una ingente cantidad de recursos que se perdieron en gobernaciones y alcaldías, al tiempo que no pocos funcionarios de administraciones departamentales, municipales y contratistas privados se encuentran investigados o tras las rejas por trampas en el presupuesto para alimentar a los estudiantes de estratos bajos y medios.

La cuestión llegó a tal punto que en determinado momento fueron los propios mandatarios seccionales y locales los que propusieron que se les quitara esa responsabilidad y que la asumiera directamente algún ministerio como el de Educación o Bienestar Familiar. Incluso la semana pasada propusieron un nuevo modelo de funcionamiento.

Sin embargo, como se dijo, pese a todos los correctivos que se han aplicado en los últimos años, las anomalías persistieron, a tal punto que las mallas de contratistas que se adueñaron de este programa terminaron escondiéndose tras una gran cantidad de empresas de fachada, con el fin de esquivar las sanciones e inhabilidades.

¿Cómo será el nuevo PAE? Como se dijo, solo hasta el miércoles se sabrá, pero tanto el Presidente de la República como la Ministra de Educación adelantaron que se buscará subsanar los graves problemas de transparencia y deficiencias en la nutrición de los niños del país.

La idea es aplicar medidas a corto, mediano y largo plazos para que el PAE ya no sea para unos días del año, sino que los niños que hacen parte del programa tengan este beneficio durante todo el calendario académico. Contará con el apoyo de entidades como el Sena, los comedores escolares, el Ministerio de Agricultura así como los organismos de control y vigilancia.

Esto último es lo más importante, toda vez que no importa cuál modelo se ponga en práctica si no hay una vigilancia en tiempo real de la alimentación que se entrega a los más de cinco millones de estudiantes a diario. Es necesario que los profesores, personeros, padres de familia, veedores ciudadanos y funcionarios municipales tengan un papel más activo en esta labor de control, inspeccionando permanentemente lo que pasa en las escuelas y colegios al respecto. Bien lo advertía tiempo atrás un gobernador, si se hace in situ un seguimiento al detalle de la calidad y cantidad de los alimentos, su valor nutricional y el costo referencia de los mismos, será muy difícil que los concesionarios tramposos puedan perpetrar sus maniobras fraudulentas.

Igualmente se requiere que la Superintendencia de Industria y Comercio, así como las de Salud y Sociedades, creen un grupo interdisciplinario para detectar las mallas empresariales que acuden a todo tipo de anomalías para quedarse con los contratos del PAE, sobre todo en prácticas de colusión y afectación de la libre competencia. Ahora que, en medio de la cruzada anticorrupción, se está hablando de prohibir que las empresas y personas naturales que paguen sobornos o defrauden al Estado puedan volver a negociar con el Estado, esta misión de vigilancia se vuelve más crucial aún.

Como lo hemos indicado en otras ocasiones en estas páginas, el PAE es uno de los programas clave para aumentar la calidad y cobertura educativa en Colombia. Combate el trabajo infantil, la deserción escolar, ayuda a la vigilancia nutricional y sanitaria de los menores y, en momentos en que se generaliza la jornada única, se vuelve indispensable para asegurar un ambiente sano a los estudiantes en las aulas. No puede haber, entonces, lugar a errores en las nuevas reglas del juego que serán anunciadas esta semana por el gobierno Duque. Como dijera un excontralor general: la “robadera” debe acabarse.