Una muy buena señal, sin duda, resulta el hecho de que algunos de los alcaldes que comenzaron a despachar el pasado lunes han decidido que, entre sus primeras decisiones, estuviera la expedición de los decretos señalando los sectores de sus respectivos municipios en donde está prohibido el consumo de drogas.

Esto en desarrollo no solo de un decreto nacional recientemente reformado por el gobierno de turno, que causó una gran polémica en todo el país, sino de una jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que son los alcaldes los que deben determinar en qué áreas de sus localidades, sobre todo tratándose de entornos escolares, deportivos y otros sitios públicos en donde haya una presencia masiva de niños, niñas y adolescentes, no está permitido que las personas porten y consuman alucinógenos.

En medio de la controversia que se formó semanas atrás cuando el Gobierno modificó el decreto y anuló la facultad de la Policía para sancionar a quienes consumieran drogas en sitios públicos, muchos de los alcaldes y gobernadores electos el pasado 29 de octubre anunciaron que tan pronto como se posesionarán procederían a determinar en qué lugares no se permitiría esta actividad como medida de protección para la niñez y la juventud.

Es así como ya varios mandatarios municipales decretaron que, en los alrededores de las escuelas, colegios y universidades, así como en los parques, escenarios deportivos y sitios de alta presencia de menores de edad no está permitido el consumo de drogas y que quienes infrinjan esta norma podrán ser conducidos por la autoridad policial, sin que ello implique una violación a sus derechos ni mucho menos penalizar a los drogadictos.

Hemos recalcado en estas páginas que los derechos de los niños y adolescentes son prevalentes en Colombia y, por tanto, es un deber prioritario del Estado y las autoridades a todo nivel precaver que no se expongan a riesgos ni circunstancias que afecten la garantía a crecer en un ambiente sano y seguro.

En ese orden de ideas, así el porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes no esté penalizado y se considere cobijado por el “libre desarrollo de la personalidad”, ello no significa que los drogadictos puedan hacer uso de estas sustancias en frente de niños y adolescentes, ya que sería ponerlos en riesgo de caer en este ruinoso vicio.

¡Ojalá!, todos los alcaldes del país se apresuren a emitir estas decisiones sobre los lugares públicos en donde está prohibido drogarse, con lo cual no solo se protege a los menores de edad, sino que se facilita el accionar de la Policía contra los jíbaros y redes de microtráfico.