* Esguince a política internacional de rango estatal

* El Gobierno y su minoritario apoyo a la dictadura

Si bien es cierto que la Constitución deja en cabeza del presidente de la República el manejo de las relaciones exteriores del país, también resulta claro que para garantizar la mejor toma de decisiones en la materia la Carta también instituye la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), en donde tienen asiento expresidentes, excancilleres, congresistas de las comisiones segundas de Senado y Cámara, así como dos delegados del jefe de Estado. Obviamente, el canciller de turno maneja la convocatoria.

Por muchos años este órgano consultivo de los gobiernos de turno fue superlativo a la hora de definir posturas en política internacional, negociaciones diplomáticas y celebración de tratados públicos, seguridad exterior de la República, tal y como sobre límites terrestres y marítimos, espacio aéreo, mar territorial, zona contigua y plataforma continental. Igualmente, asesora en reglamentación de la carrera diplomática y consular, al tiempo que se le puede reunir para analizar proyectos de ley sobre asuntos relacionados con la acción transnacional de las autoridades colombianas.

El espíritu originario de la CARE es darle a la política exterior un rango más estatal, nacional, estructural, acorde con los lineamientos diplomáticos de larga tradición de nuestro país. Por esa vía se busca asegurar que las principales decisiones gubernamentales en la materia sean lo más sólidas, integrales y consensuadas posibles, esto bajo la tesis de que cualquier determinación de índole exterior tiene repercusiones de alto calado en la órbita geopolítica, económica, social, institucional, fronteriza, militar, territorial, así como de seguridad estratégica. En otras palabras, esa facultad que la Constitución le confiere al Ejecutivo para el manejo de las relaciones internacionales en modo alguno se puede entender como una prerrogativa absoluta, ajena a controles de las otras ramas del poder público o sin posibilidad alguna de escrutinio u opinión de los distintos sectores de la nación.

Lamentablemente, por circunstancias que van desde el impacto de la reelección presidencial (vigente entre 2004 y 2015), pasando por el marcado clima de polarización política e ideológica en las últimas dos décadas en el país, así como por el convulso y móvil escenario geopolítico global en lo corrido de este siglo, el peso específico que tenía la citada Comisión dentro de la institucionalidad colombiana se ha ido diluyendo con el pasar de los años. Por ejemplo, exmandatarios y excancilleres han dejado de asistir a las −cada vez menos− convocatorias por considerar que ahí, más que un análisis objetivo de las contingencias en materia internacional, lo que termina primando es un escenario de contienda o empatía política e incluso proselitista.

Esta desfiguración de la instancia de orden constitucional (artículo 225) y legal (Ley 68 de 1993) ha llegado al extremo de tener que acudir a tutelas y acciones de cumplimiento para forzar su convocatoria. Incluso años atrás terció en este pulso hasta el Consejo de Estado. Se pasó, entonces, de cónclaves extraordinarios para analizar temas de alto calado en política internacional a rutinarias sesiones de carácter informativo, obviamente con poca asistencia y audiencia.

En el Congreso se ha intentado en varias ocasiones reformar la composición y competencia de la CARE con miras a darle mayor capacidad para ayudar a construir los derroteros estatales de la política internacional pero las iniciativas se terminaron hundiendo sin mayor pena ni gloria.

Hoy por hoy, cuando la estrategia internacional del país se encuentra ante uno de los retos más grandes de la última década, como es tomar una postura firme contra el régimen dictatorial de Venezuela que, como todo lo indica, perpetró un burdo fraude electoral en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, la Comisión no ha sido citada por el gobierno Petro, cuya postura política e ideológica está claramente inclinada a favorecer al régimen chavista, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo.

Paradójicamente, casi todos los expresidentes colombianos, así como la mayoría de los excancilleres han advertido que la postura tomada por la administración de izquierda frente a la grave crisis en el vecino país es equivocada, pone en peligro la fortaleza de la democracia continental, va en contravía de la tradición institucional Colombia en su política exterior y, como si fuera poco, va en detrimento de millones y millones de venezolanos que hoy están sufriendo la represión de una satrapía que se niega a reconocer su derrota en las urnas y prefiere aferrarse por todos los medios −así sean violentos e ilegales− al poder para seguir hundiendo a la otrora poderosa y rica nación patriota en el peor de los abismos.

La postura del gobierno Petro solo refleja su particular, inaceptable y claramente minoritaria opinión. No representa ni encarna el sentir de la mayoría de los colombianos que indudablemente están contra la dictadura y hace votos, como quedó ayer demostrado en la masiva manifestación en Medellín, para que la democracia regrese la vecina nación y sus más de ocho millones de ciudadanos expulsados en la última década puedan regresar a su tierra natal y empezar su reconstrucción.