Duro campanazo el dado por la Procuraduría General de la Nación en torno a lo que calificó como “alarmante” situación de descontento, violencia e inseguridad que está viviendo el país, muchas veces propiciada “de manera cómplice por servidores públicos”.

La advertencia del Ministerio Público se sustenta en cifras de alto impacto: en el primer semestre de 2024 se produjeron 49.964 diligencias de conductas intolerables de “altísima indisciplina”.

Se trata de un dato que alarma, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2023 las decisiones disciplinarias ascendieron a 81.808. Es decir, que si se mantiene ese ritmo, este año va rumbo a superar lo actuado el año pasado por la Procuraduría.

Otra cifra que debe llevar a una reflexión sobre lo que está pasando con quienes desempeñan funciones públicas o manejan presupuesto oficial se refiere a que mensualmente llegan al ente de control cerca de 4.000 peticiones y solicitudes disciplinarias por presuntos casos de corrupción, ineficiencia e ineficacia administrativa.

La propia titular de la Procuraduría sostiene que, aunque este número crece diariamente, también “legitima el trabajo de la Procuraduría y legitima a la sociedad porque sienten que hay una entidad donde pueden reclamar y obtener resultados”.

Dichas estadísticas deben llevar a una reflexión a ciertos sectores gubernamentales que, incluso desde la campaña electoral y luego ya en ejercicio, han insistido en promover una reforma a la Procuraduría, planteando hasta la posibilidad de recortar de forma sustancial facultades del ente de control disciplinario, que pasaría a ser una especie de órgano satélite de la Fiscalía.

A ello se suma que el Gobierno ha sido fuerte crítico de las decisiones de la Procuraduría en cuanto a suspender o destituir a los funcionarios públicos de elección popular. Aunque el Ejecutivo insiste en que solo mediante mandato judicial se puede apartar del cargo a un alcalde, gobernador, concejal, diputado o congresista del cargo, ya se aprobó una reforma constitucional que se adecúa a esa figura, dejando en la jurisdicción contenciosa-administrativa la segunda instancia para que los fallos de suspensión o destitución queden en firme.

Así las cosas, en momentos en que ya comienza a moverse el proceso para la confección de la terna para que el Senado elija al sucesor de Margarita Cabello, que termina periodo en febrero próximo, es necesario que todos los juristas que aspiran a integrar la baraja defiendan la solidez y competencias institucionales de la Procuraduría ante los intentos de las toldas gubernamentales por recortarlas o restringirlas gravemente.