* Lupa a primeros 100 días de alcaldes y gobernadores

* Más cortocircuitos entre lo nacional, regional y local

 

Al cumplirse los 100 primeros días de mandato de los alcaldes y gobernadores hay varias conclusiones sobre el arranque de su gestión. La primera, y una de las más importantes, se refiere al evidente cortocircuito entre las prioridades y enfoques políticos, económicos, sociales e institucionales que tiene el Gobierno Nacional Central con los criterios y premisas de algunos titulares de departamentos y municipios.

Si bien tras el mapa político dejado por los comicios regionales de octubre pasado, en donde las fuerzas gobiernistas de izquierda sufrieron un fuerte retroceso, se sabía que podrían presentarse contradicciones de acción política en dichos niveles de la administración pública, no se previeron casos tan preocupantes como los choques institucionales entre la Casa de Nariño con la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Resulta innegable una actitud de revanchismo y contrapeso permanente del Ejecutivo nacional con las autoridades de ese departamento en temas como minería, infraestructura vial y focalización de la inversión, entre otros.

Asimismo, son crecientes las quejas de algunos gobernadores y alcaldes en torno a que el Presidente y los ministros parecieran empeñados, para implementar sus programas bandera, en desplazar a las autoridades territoriales, incluso impactando los situados fiscales, transferencias de recursos o las vigencias presupuestales futuras. Una situación inédita que afecta la institucionalidad y los principios de coordinación entre las esferas nacionales, regionales y locales.

Otro flanco en que esa desconexión funcional es visible se refiere al poco -a veces nulo- eco que tienen en la Presidencia y el gabinete las alertas reiteradas de las administraciones departamentales y municipales en torno al deterioro de la seguridad y el orden público por el accionar de grupos residuales de Farc, Eln, bandas criminales de alto espectro (como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’) así como facciones de delincuencia común y organizada.

Una situación crítica en la que no solo queda en el ojo del huracán la controvertida estrategia nacional de seguridad, el cambio de énfasis de la lucha antidroga (sobre todo la caída vertical de la erradicación forzada de narcocultivos) y las visiones flexibles del Ejecutivo en materia carcelaria y de tratamiento al delincuente, sino la accidentada aplicación de la política de “paz total”. Esto último porque detrás del repunte de la violencia regional y local están, precisamente, varios de los grupos armados ilegales con los que el Gobierno adelanta procesos de diálogo y negociación, con acuerdos de cese el fuego incluidos, los mismos que tienen maniatada a la Fuerza Pública mientras los criminales de toda laya se expanden y azotan más a la población civil.

En tercer lugar, emergencias como el fenómeno del Niño o la ola de incendios forestales evidencian que es necesario ajustar el sistema de atención de desastres en el país con miras a un sistema más eficaz entre las distintas instancias de la administración pública. Esos cortocircuitos terminan dando espacio a escándalos de corrupción como el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con los carrotanques en La Guajira o el cruce de acusaciones actual entre la Casa de Nariño y varios gobernadores y alcaldes por las demoras en activar un plan de choque que evitara los riesgos de racionamientos de agua y energía.

Hay, igualmente, otros campos en donde es patente que falta una interacción más efectiva entre el Gobierno Nacional Central y las regiones. Para solo remitirse a casos de estos primeros 100 días se pueden citar los problemas persistentes con el Programa de Alimentación Escolar, líos en la activación de la plataforma de subsidios, la crisis de tarifas de energía en la costa Caribe, la reversión o liquidación de concesiones viales, el pulso por los peajes, el manejo de la protesta social regional, las reformas mineras y de hidrocarburos o el efecto del alud de anuncios presidenciales intempestivos en sus giras por la provincia, prometiendo creación de empresas y proyectos aquí y allá…

A ello debe sumarse que poco o nada se escuchan las opiniones de los gobernadores y alcaldes sobre los efectos de los proyectos de reforma a la salud, laboral y pensional, que si bien se discuten en el Congreso tienen un coletazo directo en departamentos y municipios, tanto en el aspecto financiero como en el de afectación de la población. Es más, en las medidas recientes gubernamentales sobre intervención de EPS y otros cambios en el sistema, no se ha consultado a los territorios sobre sus consecuencias puntuales.

Como se ve, al cumplirse los primeros 100 días de mandato de los gobiernos regionales y locales, son más las alertas tempranas que los resultados positivos. Y eso que todavía falta por analizar uno de los cortocircuitos más grandes: las diferencias de prioridades y enfoques de los proyectos de Planes de Desarrollo departamentales y municipales, que ya discuten asambleas y concejos, con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de izquierda.