* Las aristas del proceso fiscal
* Recuperación del detrimento patrimonial
El fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos que profirió la Contraloría General contra 26 personas naturales y jurídicas por las anomalías registradas en el proceso de construcción del complejo hidroeléctrico de Hidroituango, en Antioquia, no tiene antecedentes.
En primer lugar, es evidente que se trata del juicio fiscal por más alto monto en la historia reciente del país. Le sigue el emitido en abril pasado por 2,9 billones de pesos contra expresidentes, exmiembros de junta directiva y cuatro contratistas de la Refinería de Cartagena, debido a los cuantiosos sobrecostos y otras graves anomalías en el proceso de modernización del complejo de hidrocarburos.
En segundo lugar, es evidente que en el caso del proyecto hidroeléctrico había muchos temas técnicos especializados y decisiones administrativas a tener en cuenta para poder llegar a la conclusión de que esos 26 exfuncionarios y contratistas son responsables, a título de culpa grave, de este billonario daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el complejo. Inversiones que, según el referido fallo, a junio de 2019 excedían en un 114,9% el valor inicialmente planeado, a lo que se sumó el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018, según lo contemplado en el cronograma inicial.
Está claro que el ente de control acopió el suficiente acervo probatorio para sustentar que los problemas presentados en el desarrollo de este proyecto clave para la asegurar la confiabilidad del sistema de generación eléctrica del país tuvieron origen en una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.
Esas irregularidades tuvieron un costo altísimo, no solo por el lucro cesante (superior al billón de pesos por compromisos firmados de venta de energía) sino por la pérdida del valor del proyecto (que se acercó a los tres billones). Esto último porque el costo inicial de la construcción y puesta en funcionamiento del complejo era de 6 billones de pesos pero la sucesión de fallas e improvisaciones terminó elevando ese valor a 13 billones.
Y como si todo lo anterior fuera poco, la grave contingencia ocurrida en la obra, en abril de 2018, no solo amenazó con causar una calamidad pública de grandes proporciones en el área de influencia del proyecto, sino que obligó a invertir un contingente mayor de recursos para neutralizar el riesgo estructural y asegurar la entrada en funcionamiento del complejo. De hecho, solo hasta semanas atrás el propio Presidente de la República confirmó que para junio de 2022 se espera tener la primera turbina funcionando y la segunda en noviembre siguiente.
Obviamente hablar de un fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos es una cosa y lograr que los 26 exfuncionarios, empresas y contratistas condenados respondan por ese monto otra.
De hecho, contra la decisión del ente de control proceden los recursos de reposición y apelación, los mismos que ya empezaron a ser anunciados una vez se conoció la decisión de la Contraloría el lunes pasado. Habrá que esperar la evolución de esta nueva etapa del proceso, que sin duda será tanto o más compleja que la iniciada en noviembre de 2019 por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
A ello habría que sumar otro flanco de este fallo, y es el referido a las consecuencias políticas y electorales derivadas del mismo, dado que entre los encontrados responsables del descalabro en Hidroituango está un precandidato presidencial como Sergio Fajardo, que figura segundo en la mayoría de los sondeos del último año. Tan pronto como se conoció la decisión del ente de control, el dirigente reaccionó indicando que su proceder y el de sus delegados en relación con este proyecto hidroeléctrico fueron transparentes y dirigidos a acertar, y así lo demostrará en los recursos a que tiene derecho. En efecto, Fajardo no tuvo una intervención directa en el tema y, como es posible dentro del ordenamiento legal, delegó esas funciones en funcionarios especializados. Por otra parte, el pleito no lo inhabilita para seguir adelante en su campaña por la Casa de Nariño.
Lo que sigue es esperar a que se finiquite todo este complejo proceso y se establezca, primordialmente, no solo las responsabilidades en las anomalías del proyecto sino quiénes y cómo van a responder por el cuantioso daño patrimonial. Eso es lo más importante. Es obvio que no será con el patrimonio de personas naturales, visto el gigantesco monto, como esto se puede lograr.