La crisis carcelaria en Colombia parece agravarse día tras día. La nueva polémica entre el Gobierno nacional y la Procuraduría General en torno a lo que ocurre con los equipos inhibidores de señal de llamadas telefónicas que se hacen desde el interior de las cárceles, pone en evidencia que las estrategias que se han implementado para combatir el delito de extorsión no están dando el resultado esperado.

Lo advertido por el Ministerio Público es muy preocupante. De los 22 equipos instalados en algunas prisiones para evitar que desde allí se hagan llamadas que, por lo general, tienen que ver con actividades delictivas, solo están funcionando dos. Esto es aún más alarmante si se tiene en cuenta que la extorsión se ha disparado en los últimos años en todo el país y que cerca de la mitad de los casos tiene origen en organizaciones criminales que operan desde las principales cárceles.

Frente a lo señalado por el ente de control, voceros gubernamentales replican que la información no es acertada, sobre todo en cuanto al número de equipos bloqueadores de señal de telefonía celular que están por fuera del servicio.

Más allá de este rifirrafe, es claro que el problema de fondo con estos equipos tiene que ver con que no solo impactan las llamadas que se hacen desde el interior de las prisiones, sino también las de los habitantes de los alrededores. De hecho, en no pocas ocasiones esta clase de equipos han tenido que ser desactivados debido a acciones de tutela que interponen ciudadanos afectados por la interrupción en sus comunicaciones.

No es un tema fácil de solucionar. Algunos expertos han señalado que lo que se requiere es que se construyan penales especiales para secuestradores y extorsionistas, y que estas instalaciones estén ubicadas en sitios aislados de centros urbanos. Esto permitiría instalar tecnología de punta en esos centros de reclusión para bloquear las llamadas de celular ilícitas sin que afecte a nadie más.

También es evidente que falta una mayor rigurosidad en la vigilancia penitenciaria para evitar que sigan ingresando de manera ilegal teléfonos celulares y otra clase de equipos electrónicos e infraestructura que se requiere, no solo para llamadas extorsivas, sino también para otra clase de actividades ilegales, como secuestros, estafas y ciberdelitos.