* Sí mayoritario a reforma de Inversión Social

* Un ajuste necesario para el aquí y el ahora

En un país en donde es recurrente lamentar los choques y cortocircuitos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y cómo esos desencuentros, que no en pocas ocasiones tienen un trasfondo político y electoral, impiden darle algún tipo de solución a las problemáticas y necesidades más sentidas de la población, debe destacarse la confluencia de voluntades y objetivos que rodeó la aprobación en tiempo récord del proyecto de Inversión Social o de reforma tributaria, radicado el pasado 20 de julio y que el martes en la noche recibió el visto bueno de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, obteniendo votaciones mayoritarias en ambos casos, no solo por parte de las bancadas gobiernistas sino también de las independientes y amplios sectores de la oposición.

En medio de la polarización política imperante y el álgido arranque de la campaña electoral el consenso parlamentario en torno a esta iniciativa que pasa a sanción presidencial evidencia cómo es posible dejar de lado las diferencias partidistas y privilegiar los asuntos más importantes para el país. El estilo conciliador y propositivo del Ministro de Hacienda, la amplia socialización del articulado antes de ser radicado y una discusión seria y proactiva con todas las bancadas en las comisiones económicas conjuntas así como en las plenarias, dieron finalmente el resultado esperado. De hecho, de las tres reformas tributarias que ha presentado este Gobierno desde 2018, esta fue la que evolucionó de forma más tranquila en el Congreso.

Desde el momento en que esta reforma llegó al Parlamento hicimos votos en estas páginas por una rápida aprobación de la misma al ser evidente que los 15,2 billones de pesos de recaudo tenían un foco claro e indiscutible para el aquí y el ahora: mantener el programa de ayudas asistenciales directas a las franjas poblacionales más golpeadas por la pandemia, prolongar los subsidios a las nóminas y otras herramientas de apoyo a las empresas para proteger la generación de empleo y acopiar recursos para disminuir el abultado déficit fiscal producto del gasto extraordinario que se ha hecho para contener el coletazo social y económico de la crisis sanitaria.

Adicional a todo lo anterior, sacar avante esta iniciativa impositiva era urgente para despejar las dudas sobre la fortaleza y confiabilidad económica del país, sobre todo después de que dos de las tres firmas calificadoras de riesgo le quitaran a Colombia el grado de inversión por la complicada situación de las finanzas públicas. Con la reforma ya aprobada no solo se envía un mensaje contundente a los mercados e inversionistas, sino que también se da un empujón determinante a la reactivación económica colombiana, aumentando las posibilidades de que a diciembre el PIB pueda cerrar por encima del 7%, recuperando en gran parte lo perdido en 2020 por el embate pandémico.

Lo importante ahora es que se cumplan los cronogramas de recaudo y destinación presupuestal. El énfasis social de esta reforma tiene que ser palpado por todos y cada uno de los colombianos, ya sea a través de programas de amplio espectro como el Ingreso Solidario, el acceso gratis a la universidad pública de estudiantes de bajos ingresos, la posibilidad de mantener o recuperar el empleo gracias a los subsidios a la nómina e incentivos a la contratación de jóvenes, las inyecciones de capital fresco para las grandes empresas y la generación misma de un clima de negocios y dinamismo productivo…

Obviamente esta reforma no es una panacea. El déficit persiste, la pandemia no se ha acabado, el desempleo continúa muy alto y los índices de pobreza monetaria y multidimensional se incrementaron en el último año a niveles muy preocupantes. Falta mucho camino por recorrer para poder regresar a los indicadores anteriores a la crisis sanitaria. Es imperativo, entonces, que los cronogramas de reducción del gasto público no prioritario se cumplan, así como el de venta de activos estatales no estratégicos, al igual que las metas de mayor recaudo tributario con base en un combate más efectivo a la evasión y la elusión.

Como se dijo al comienzo, la aprobación de la reforma de Inversión Social es un paso importante dentro de la estrategia de reactivación del país. Obviamente no es este el ajuste estructural impositivo que requiere desde hace años el país. Tampoco esta iniciativa solventará el desequilibrio fiscal, a tal punto que es seguro que al próximo gobierno le tocará, de entrada, pensar en un nuevo apretón tributario. Sin embargo, esta reforma asoma como la más adecuada y pertinente para las necesidades y prioridades del aquí y ahora, como es propio de un Estado eficiente cuando su población afronta graves desafíos y emergencias inéditas.