La Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura de Procesos de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, decretó la apertura del proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Real Business SAS, de María Camila Morales Gaviria y Andryun Ríos Góez, como responsables de la operación.

 El superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González, dijo que “hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en esquemas de captación ilegal, que pueden ser identificados cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Es importante que antes de hacer cualquier inversión verifiquen si las actividades están autorizadas”.

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La apertura del proceso se inicia en virtud de la remisión de la actuación administrativa por parte de la Superintendencia Financiera, quien ordenó la suspensión inmediata de las operaciones que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público, la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente y la remisión a la Supersociedades para la intervención. Adicionalmente, la Superintendencia Financiera remitió este expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia.

La intervención estatal en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 4334 de 2008, tiene dos objetivos fundamentales: (i) suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y (ii) permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.

Dicha sociedad y las personas naturales intervenidas, recibieron recursos de al menos 4.743 personas. Hasta ahora, la Superintendencia de Sociedades ha logrado establecer que se captaron ilegalmente recursos al menos por $11.903.682.180, recibiendo supuestas inversiones que iban desde $100.000 hasta $50.000.000. Los captadores ofrecían el retorno de la inversión, más rentabilidades fijas entre el 3% y 9%, en 12 meses, sin explicación financiera razonable, y sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios. Cuando la inversión era superior a $10 millones se presentaba a través de un “contrato de mandato en administración de aportes económicos para actividad comercial”.