Recursos adicionales por $54,5 billones requiere el posconflicto para poder adelantar la Reforma Rural Integral que se estableció en el Acuerdo Final de Paz.

Así lo estableció el IV informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre uso de recursos para el posconflicto, los cuales fueron estipulados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo en el 2017.

Llegando al cuarto año de implementación de los acuerdos de paz, en un documento de 371 páginas, la CGR, a través de la Contraloría Delegada para el Posconflicto, entregó al Congreso su informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las responsabilidades fijadas a los diferentes sectores y entidades a quienes se les asignó tareas en el Plan Marco de Implementación (PMI). 

Sostiene el órgano de control que, excepto por lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), las demás fuentes de financiación previstas para el Acuerdo Final programaron y ejecutaron recursos menores a lo estipulado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018 durante las vigencias 2019 y 2020, lo que podría retrasar la ejecución de la implementación del Acuerdo Final. 

Otra de las conclusiones del análisis realizado para este informe, basado en las respuestas del Gobierno nacional, es que las mayores asignaciones del gasto se concentraron en los puntos 2 al 6 sin tener en cuenta que el punto 1 -Reforma Rural Integral- que es el que más supone inversiones de acuerdo al Plan Marco de Implementación. 

Financiación

El informe destaca que menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), por debajo de las expectativas de financiación contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) de Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Aún no se cuenta con normatividad y lineamientos que permitan el uso de esta fuente en la implementación del Acuerdo Final.  

El informe de la Contraloría plantea que se puede presentar un déficit en la financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI). Del presupuesto de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017, la CGR identifica un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones. 

Asimismo, se advierten demoras en los procesos de adjudicación de tierras para el desarrollo de Programas y Proyectos con fines Reincorporación, conforme a lo establecido en el Decreto 902 de 2017.

Tierras

Para la vigencia 2019 y primer trimestre de 2020, no se encontró evidencia de que alguna entidad de derecho público solicitara la adjudicación de tierras para el desarrollo de programas y proyectos con fines de reincorporación. 

Indica el informe que “se reitera el riesgo de planeación y sostenibilidad financiera de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), toda vez que el proceso de formulación de iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se surtió sin la aprobación de la mayoría de los PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito)”. 

El análisis de la CGR presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los Puntos del Acuerdo Final, e identifica los riesgos más relevantes tanto en materia de financiación y ejecución presupuestal, como en la implementación de las políticas públicas que contemplan el Acuerdo. 

De otro lado, gracias al convenio logrado entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Contraloría General de la República (CGR), se realizaron visitas a 25 de los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- los cuales fueron priorizados para evaluar sus avances en la política pública de posconflicto. 

Dentro de la información evaluada se determinó que en el año 2019 la inversión privada, a través del mecanismo obras por impuestos, alcanzó el 82% de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 

Asimismo, el informe incluye el resultado de la vigilancia y seguimientos a $2,3 billones en contratos de inversión de Obras PDET y OCAD Paz, este último del Sistema General de Regalías (SGR), que tiene bajo su responsabilidad la viabilización, priorización y aprobación de proyectos que favorezcan la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

En el análisis realizado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto correspondiente al año 2019, también se determinó que se han destinado para la atención a la primera infancia $4,5 billones.