Tras cerca de dos meses de haberse levantado de la mesa de discusión de la reforma constitucional a la Justicia, ayer la Corte Suprema, por intermedio de su nuevo presidente Javier Zapata Ortiz, anunció la disposición de aceptar la invitación del Gobierno nacional de reintegrarse a este diálogo.

Zapata, quien apenas el martes anterior fue elegido presidente por la Sala Plena, dijo que los diferentes entes del Estado deben trabajar de la mano, por lo que en ese sentido señaló que “la aceptaremos”.

Por su parte, tras su posesión como presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez dijo que “en este momento estamos en esa encrucijada y vamos a ver en este año cuáles son las estrategias que el Consejo de Estado va a asumir frente a ese trámite parlamentario”,

En tanto que ayer el presidente Santos en su cuenta en Twitter escribió: “Llamamos para felicitarlos y desearles éxito en su gestión a los recién elegidos presidentes de la Corte Suprema y Consejo de Estado”.

El 23 de noviembre pasado el Consejo de Estado se retiró de la discusión de la reforma argumentando que “el texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la Justicia, así como la descongestión de los despachos judiciales, la garantías del derechos constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo”, explicó en ese momento el magistrado Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado.

Posteriormente, el 6 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia siguió igual camino al considerar que los cambios en el proyecto en sus tres primeros debates, frente a lo concertado con las Cortes, afectan el equilibrio de la rama y no solucionan la congestión judicial.

Cuatro días antes la Comisión Primera de Cámara había aprobado una modificación al articulado con referencia a lo aprobado en segundo debate, sobre la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, al establecer que la primera instancia estaría a cargo del Tribunal Superior de Bogotá y no de la Corte Suprema de Justicia.

La intención inicial del Gobierno era presentar este proyecto al Congreso en septiembre de 2010, pero luego decidió que fuera en marzo último, situación que tampoco se dio a la espera de discutirlo a fondo con las Cortes.

Finalmente el 31 de agosto pasado el Gobierno radicó en Senado un proyecto de reforma concertado con las altas Cortes.

En medio del receso del Congreso, que inició el pasado 16 de diciembre y concluirá el próximo 16 de marzo, senadores de la Comisión Primera, célula en la cual se reiniciará en quinto debate el estudio de este proyecto, se reunieron con los presidentes de las Cortes, buscando propiciar un clima favorable para que retornen a la discusión de esta iniciativa.

Así lo confirmo a EL NUEVO SIGLO hace unos días el senador Eduardo Enríquez Maya, quien será ponente del proyecto en quinto debate. “Estuvimos trabajando con el doctor Jesús Ignacio García (Partido Liberal), que es otro coordinador ponente, y acercándonos, como es nuestro deber, a los señores presidentes de las altas Cortes, y lo propio el Gobierno, porque el Congreso de la República tiene abiertas sus puertas para impulsar la reforma constitucional de la administración de justicia, y lograr el consenso para que a través de ese consenso, haya seguridad, entendimiento y se pueda enviar un mensaje a la sociedad que espera con mucha urgencia una reforma a la administración de justicia”.

Antecedente

El anuncio del nuevo presidente de la Corte Suprema de que hay disposición de regresar al diálogo se produce unos días después de que el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos señalara que “las investigaciones de la Fiscalía han comprobado que altos funcionarios del gobierno anterior estaban seriamente

comprometidos con una campaña de desprestigio y desacreditación en contra de la Corte (...), pero ahora los dignatarios ya no utilizan las herramientas del delito, sino que emprendieron una campaña jurídica a través de reformas constitucionales para desmantelar a la Justicia y, particularmente, a la Corte”.

A lo que el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra respondió que la reforma no pretende acabar con la Corte. “No es cierta la apreciación de que se quiera acabar la justicia, eso no lo haría el Gobierno por ningún motivo”, dijo.