Cálculos sobre los posibles desembolsos que deben hacer los aspirantes a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados el próximo domingo crean una cifra global de $ 92.320 millones. Este monto crecería de $ 20.000 millones a $ 30.000 millones adicionándole los gastos del Estado en movilización de Fuerza Pública, vigilancia y operaciones de seguridad, en general. La reposición de gastos que después de las elecciones les hace el Estado facilita a todos los candidatos, triunfadores y perdedores, recuperar algo de lo que cada uno invirtió en la atracción de votantes.

Demandas electorales
En el Consejo de Estado se prevé que a las tradicionales demandas por posibles vicios o errores en los comicios se uniría una muy especial si Francisco Gustavo Petro Urrego sale elegido alcalde de Bogotá. Por supuesto, la acusación no se referirá a secuestros, asesinatos, robos e incendios que el M-19 perpetró de 1973 a 1991 y le fueron perdonados enteramente. De manera específica se trataría de que la justicia anule la designación de Petro si aparece elegido alcalde del primer distrito colombiano.     El tiene un proceso, una condena a 18 meses y el obvio paso por la cárcel que no le fueron incluidos en el perdón y olvido concedido al M-19. Según la ley, este hecho lo inhabilita para ser alcalde.
Manipulaciones
Han predominado en esta campaña electoral la manipulación de encuestas y el señalamiento de algunos candidatos como seguros triunfadores. La prensa escrita y la electrónica en Bogotá han insistido en señalar que Gustavo Petro ocupará la alcaldía distrital. En Medellín se presenta a Sergio Fajardo en calidad de futuro gobernador de Antioquia y no a Álvaro Vásquez, a quien apoyan todo el Conservatismo, numerosos liberales y diversos independientes. Por su lado, Luis Pérez Gutiérrez, deseoso de la alcaldía de Medellín, cuenta con su partido, el Liberalismo, y el respaldo unánime de los conservadores.