El próximo gobierno tendrá grandes retos en el sector ambiental y su responsabilidad en el tema será quizá la más grande de los últimos años. Entre los prioritarios de la agenda gubernamental deberán estar temas como la formulación de políticas públicas que articulen las actividades sectoriales con la conservación ambiental, la erradicación de la minería criminal, la erradicación de los cultivos ilícitos, el desarrollo de actividades ambientalmente sostenibles, la formulación y puesta en marcha de programas de pagos por servicios ambientales que promuevan la conservación de áreas estratégicas y la implementación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono.
Las labores del próximo gobierno en materia ambiental incluyen una variedad de frentes tales como: la solidificación de una estrategia para el pago por servicios ambientales, la creación de una cultura de conservación de las áreas rurales, la detención de la deforestación, la creación y/o ampliación de nuevos parques nacionales, reformar el proceso de licenciamiento ambiental, entre otras.
Para lograr los objetivos de una buena gestión ambiental, el próximo gobierno deberá tener en cuenta diferentes problemas como son: la falta de apoyo a los procesos de investigación en el área ambiental, la desarticulación de las diversas entidades que conforman el sistema nacional ambiental, las falencias en educación ambiental especialmente en el conocimiento de los temas atinentes al cambio climático, la falta de estímulos para la financiación privada de las iniciativas ambientales, las dificultades para la real implementación de energías renovables de última generación, el desgreño y desarticulación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y la falta de inclusión de las variables ambientales en las diversas decisiones sectoriales del país, entre otras.
También el nuevo gobierno tendrá que enfrentar retos como; la reforma estructural del Sistema Nacional Ambiental (SINA), la inclusión del tópico ambiental en la reforma rural integral, el rediseño y control de los sistemas de educación ambiental, la inclusión de líneas de financiación de investigaciones en medio ambiente y cambio climático a través del ministerio, la creación de las guías ambientales que lleven a los municipios del país a tener modelos de desarrollo sostenible, el desmantelamiento de la minería criminal, la obligatoriedad de seguir las guías minero-ambientales, impulsar modelos de agricultura sostenible que garanticen la seguridad alimentaria, la construcción de un marco normativo coherente y de unas políticas públicas articuladas entre las actividades sectoriales y la preservación de nuestro patrimonio ambiental, y promulgar un código de servicios ecosistémicos y de costos por conservación.
Es urgente la acción del gobierno para conservar nuestro importante patrimonio ambiental, evitando así un desastre ecológico que está por llegar a un punto de no retorno.
Permítanme insistir en la necesidad de establecer un ente de jerarquía superior, por ejemplo, una alta consejería para el desarrollo sostenible, que impulse el desarrollo del país sin permitir la continuidad de los procesos contaminantes o de tala y/o destrucción de ecosistemas.
Quiero imaginar para mi país un ente que regule los intereses de todos los sectores y los concilie de la mejor manera, desarrollando proyectos sostenibles y garantizando un medio de vida a nuestros descendientes.
@alvaro080255