Galimatías de la seguridad interna

Los ataques terroristas de esta semana en Francia ponen de presente que el gran reto para los organismos de seguridad nacionales ya no son las amenazas externas, sino la dificultad para detectar a tiempo el potencial enemigo interno y proceder a neutralizarlo. Los tres atacantes abatidos por las autoridades galas, luego de una de las persecuciones más intensas de la Europa moderna para dar con los autores de la masacre en la revista Charlie Hebdo y la toma de rehenes en un supermercado, tenían antecedentes de pertenecer a facciones extremistas islámicas. Antecedentes que iban desde una condena hasta el récord de viajes a países como Siria. Pero aún así, pese a estar fichados en los archivos de Inteligencia como simpatizantes del radicalismo islámico, tanto los dos atacantes del semanario satírico como el secuestrador en el supermercado, pudieron perpetrar sus actos de violencia.

Igual ha ocurrido en otros países occidentales, en donde tras los ataques de estos “lobos solitarios” del extremismo musulmán, se conoce que los protagonistas de tales actos ya estaban bajo sospecha y hacían parte de listas de sospechosos. El problema es que de tales expedientes no hacen parte unas pocas decenas de nacionales o inmigrantes proclives a facciones radicales, sino centenares o miles de personas, a todas las cuales es imposible mantener bajo vigilancia las 24 horas. Tampoco se les puede meter a la cárcel motivados apenas por la sospecha. Y menos deportarlos, porque si algo ha quedado en evidencia en los atentados de radicales islámicos en países occidentales es que muchos de los atacantes son inmigrantes que llevaban varios años en esos países o incluso que nacieron en estos. Tal es el caso de lo que pasó esta semana en París, pues los terroristas eran franceses que profesaban el Islam. En ese país europeo existen ya seis millones de musulmanes, gran parte nacidos allí y en un 99,99 por ciento personas pacíficas. Es más, uno de los policías asesinado por los extremistas era musulmán.

Hay aquí un escenario muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en 2001. La mayoría de los hombres que secuestraron los aviones comerciales y luego los utilizaron como misiles contra las Torres Gemelas y el Pentágono eran de origen árabe, nacidos en el extranjero y que ingresaron a Estados Unidos sin acarrear mayores sospechas. Y ello se comprueba en que si hubieran estado en una lista negra y bajo supervisión de alguna especie, se podría haber sospechado de sus intenciones oscuras cuando tomaron clases de vuelo casi que en conjunto.

Ante disyuntivas tan complicadas como la necesidad de vigilar a una gran cantidad de personas, nacionales o extranjeras, que puedan ser potencialmente peligrosas por sus convicciones políticas, religiosas, sociales o económicas, es que, precisamente, hay muchos expertos en seguridad que sostienen que, al final, hay que vigilar a todo el mundo, precautelativa y aleatoriamente, rastreando toda información que pueda, eventualmente, poner al descubierto algún tipo de riesgo o amenaza, ya sea grande o pequeña.

Y es allí, precisamente, en donde empiezan a asomarse tesis que tratan de justificar por qué los organismos de seguridad interna deberían, en defensa de la tranquilidad de las mayorías y la supremacía institucional frente a los violentos e ilegales, intervenir, vigilar, espiar, chuzar, interceptar… las comunicaciones y actividades privadas de todos y cada de los habitantes, así ello implique violar sus derechos a la intimidad y la privacidad. No se trata, en modo alguno, de considerar a toda la población como potencialmente riesgosa o peligrosa, sino de considerarla factible de ser vigilada, precisamente para poder detectar a tiempo a los elementos potencialmente peligrosos. Todo un galimatías de la seguridad interna en la segunda década del siglo XXI.