El proyecto de Reforma Constitucional mediante el cual se establece la prisión perpetua para violadores de niños logró su aprobación en la Comisión Primera del Senado de la República. El proyecto de Reforma Constitucional modifica el artículo 34 de la Constitución, que quedará así: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o estén en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años, para evaluar la resocialización del condenado.”

Lo que marca la diferencia de este proyecto con respecto a iniciativas anteriores es que para no atentar contra el principio de resocialización se busca que la pena sea revisada cada 25 años; o sea, que puede ser revisada y reversada. El carácter perpetuo depende entonces de la resocialización del condenado.

En Colombia se ha incrementado notoriamente en los últimos años la violencia contra los niños y el abuso sexual de que vienen siendo víctimas. En vista del perfil dramático que ha ido adquiriendo este fenómeno, de un tiempo para acá se ha venido agitando la propuesta de adoptar la prisión perpetua como sanción ejemplarizante y como mecanismo disuasivo que permita contener a los perpetradores de crímenes contra los menores.

En medio de los absurdos y dolorosos hechos de violencia contra los niños, se ha vuelto a agitar el tema, y el presidente Duque ha expresado su apoyo a esta iniciativa. Cuando este proyecto fue presentado en el pasado tuvimos oportunidad de expresar que no resulta difícil encontrar argumentos para que esta clase de delincuentes merezcan la pena de prisión perpetua. Pero en el país tenemos problemas que no hemos resuelto como el de los altos niveles de hacinamiento carcelario y la fragilidad con que se presta el servicio público de la justicia. Y por esa misma vía, en desarrollo del derecho a la igualdad, habría que extender en el futuro esta pena a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; o sea, a los delitos de mayor gravedad, y ello implica un proceso previo de preparación al que todavía no hemos llegado. Debemos reconocer que este proyecto se diferencia en el punto mencionado de los anteriores.

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Se ha suscitado un debate en el país por la información divulgada en el sentido de que un hermano de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez fue condenado en los Estados Unidos hace 23 años por el delito de narcotráfico, en cuyo caso ella firmó una garantía -no una fianza- y no se lo informó al país.