Un sector del país, creyendo que la democracia es para polarizar y no para formar consensos, quiso arrebatarle al Presidente Duque el legítimo derecho de objetar la ley estatutaria de la JEP. Cuando ingenuamente creíamos que se apaciguaban los ánimos tanto como para poder deliberar con serenidad sobre la multitud de temas que van surgiendo a medida que se implementan los acuerdos, las objeciones se     convirtieron en un fósforo que prendió un incendio  desproporcionado. Se nos olvida que hay instituciones con las competencias claras para tratar esos temas y resolverlos pacíficamente, sin que la sangre llegue al río. Y parece que esas instituciones también lo están olvidando.

Recrudeció el abuso del efectista eslogan publicitario “las víctimas están en el centro”, que se distorsionó para confundir a la comunidad internacional, mientras  se utilizaba para privilegiar los intereses de los victimarios, asegurarles protección y una  buena dosis de impunidad. Y bastante trabajo está costando devolverle a la frase su verdadero significado.

Y para colmo de dificultades una legión de críticos se mueve como si le hubieran escriturado el país. Descalifican agriamente todo con lo que no están de acuerdo… Y con todo están en desacuerdo.  Durante el gobierno anterior le torcieron el cuello a nuestro ordenamiento jurídico y llegaron al extremo de desconocer un plebiscito. Aplauden la  intromisión internacional en nuestros asuntos domésticos. Aunque Colombia  no es una colonia de nadie, hoy tiene más influencia Enrique Santiago que cualquier exministro de Santos.
¡Difícil entenderlos! Para ellos no hay igualdad ante la ley. Mientras algunos, por ejemplo, piden a gritos la hoguera para sacerdotes pederastas, al mismo tiempo tratan de estrangular la Constitución para que gocen de impunidad quienes secuestraron y violaron niños y no han mostrado asomo de arrepentimiento.

Porque aunque el debate se disfrace entre enmarañadas redes jurídicas, lo cierto es que las objeciones buscan arrojar luz sobre las zonas grises, precisamente, en pro de los derechos de las víctimas.

¿Es condenable que algunas de ellas reclamen justicia plena? ¿O una violación sistemática de los niños colombianos, es menos delito de lesa humanidad en Colombia que en otro país? ¿Cuánta de la verdad entregada ha permitido cerrar un solo duelo?
¿Es censurable que las víctimas reclamen sus derechos a una reparación real por parte de las Farc? 
¿Qué hay de malo en que las víctimas pidan absoluta claridad en la ley? 

¿Qué tiene de extraño exigirle a los reinsertados a la sociedad que no sigan exportando cocaína, para luego retornar a los beneficios adquiridos? 

Si de algo bueno han servido los hechos vergonzosos que  involucran a miembros de las Farc y funcionarios de la JEP es, precisamente para depurar, limpiar y exigir transparencia. Quienes ya están de este lado deben y tienen que jugar dentro de las reglas de  la democracia.

Las víctimas colombianas son las más buenas del mundo. En su gran mayoría tienen vocación de perdón y reconciliación. ¡No las induzcan más a creer que perdonar implica la renuncia de sus derechos! Y diferencien de una vez por todas a los ex victimarios que anhelan sinceramente la paz de los que quieren usar las ventajas obtenidas para seguir delinquiendo.