Durante la última década, Colombia no ha logrado variaciones significativas en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Según el IPC, para 2022, Colombia obtuvo por tercer año consecutivo 39 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 91 entre los 180 países donde se hace la medición. La corrupción es un fenómeno complejo que persiste como uno de los principales problemas del país -y en el mundo-, no obstante, la adopción del estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011. El cual constituye un importante desarrollo normativo, junto con otros instrumentos. Pero, cuyo balance de resultados, en conjunto, sigue siendo deficitario frente a los desafíos de la lucha contra la corrupción.
En este sentido, con frecuencia, surgen iniciativas que tienen el propósito de buscar mayores avances, como el proyecto “Juicio Nacional Anticorrupción. La espada de Bolívar” que el pasado 23 de febrero, presentaron públicamente el Instituto Anticorrupción (IA) y La Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Iniciativa ambiciosa, exhibida como una “solución disruptiva” ante la necesidad de obtener más resultados por la justicia. Y uno de cuyos más polémicos componentes, lo constituye la creación de una sala anticorrupción transitoria en la Corte Suprema de Justicia. Sala de 28 magistrados que tendría una duración de tres años y se ocuparía de juzgar los macrocasos de la corrupción en Colombia.
La incitativa sorprendió y generó rechazo en distintos sectores políticos, académicos y de la justicia, no tanto por lo ambiciosa como por lo enmarañada en su justificación y concreción. Así como, por sus consecuencias institucionales; pues, “acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento”, -el de la Corte Suprema de Justicia-, manifestó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al anunciar a través de Twitter que no apoyaría la iniciativa. Entonces, la propuesta que ya ponía en dificultades al Gobierno, pues aparentemente la apoyaba desde la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, fue rápidamente restando apoyos hasta llegar, al día siguiente, a la renuncia del director del Instituto Anticorrupción; organización que formuló el proyecto, y a la vez declaró que no seguiría promoviéndolo.
De otro lado, a la iniciativa, sin duda, le asisten buenas intenciones. Pero, ello no es suficiente y, como otras, se frustró; en parte porque su estructuración se erigió sobre débiles bases; así como, por haber adoptado a modo de marco estratégico una ligera lectura política de la coyuntura. Pues, precipitadamente se quiso suplir un supuesto silencio en la agenda del Gobierno Nacional, ante lo cual el ministro de Justicia respondió que el problema de la corrupción en Colombia “está en el núcleo de las preocupaciones del gobierno”.
Además, es un tema que desde el inicio requiere del impulso en los otros poderes públicos, sobre todo de la rama judicial. En este sentido, la iniciativa desplegó un esfuerzo de gestión política restringido al ejecutivo y descuidó contar con una mayor solidez jurídica e institucional.
Finalmente, un saldo pedagógico de esta experiencia pasa por considerar que, a las ONG, les corresponde ampliar su papel en medio de la agenda de reformas que se tramitarán en el Congreso de la República, procurando agregar valor a la acción colectiva y al debate público para lograr mayor incidencia.
@Fer_GuzmanR