Escuchamos el fin de semana al presidente de la República, en Cali, anunciando que, en razón del fracaso de sus reformas en el Congreso, convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente.  Ante su anuncio, el país se llenó de perplejidad y asombro, pues los proyectos de reforma a la salud, laboral, pensional, etc., son materia de ley y le corresponde su conocimiento al Congreso y porque el fantasma de la constituyente siempre asusta ante la eventualidad de abrir espacio a una reelección presidencial.

A reglón seguido, en entrevista dada al director del periódico El Tiempo, el primer mandatario aclaró que la Constituyente no sería para sacar adelante sus reformas, ni para alargar su permanencia en la Casa de Nariño, ni para cambiar la Constitución del 91, sino para convocar al pueblo, a fin de que se examine que aspectos de la Constitución firmada hace 33 años no se han desarrollado en temas cruciales como la priorización del gasto en educación, por ejemplo.

Básicamente se iniciaría un proceso Constituyente y se convocaría a una Asamblea, para iniciar un diálogo popular alrededor de seis materias fundamentales: implementar de manera efectiva el acuerdo de paz de 2016, garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua; una reforma judicial para que acerque el sistema al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición; reordenamiento territorial donde se fortalezca la autonomía local; además, que nunca más se patrocine a un Fiscal General que use la entidad como plataforma política contra un gobierno en ejercicio.

Todos estos propósitos son de recibo, pero no son materia de reforma constitucional y menos por una constituyente. El presidente señala que los poderes constituidos no han hecho las reformas y que éstas tienen que ver con la paz. Lo que en realidad vemos en el fondo, es un planteamiento político, de movilización popular, convocando al desplazamiento de la gente y a los cabildos abiertos, para empezar una discusión bastante gaseosa, pero de agitación y explosión popular.

Afirmó, además, que un régimen de facto gobernó el país después de que se aprobó la Constitución del 91 y aun lo gobierna en varias regiones bajo una perspectiva paramilitar. Que se ha convocado a un proceso constituyente para que el pueblo decida; para que haya más democracia.

A todo esto habría que decir, que efectivamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente es utilizar un instrumento previsto en la Constitución para que el pueblo decida; pero la gran pregunta, es ¿para que decida qué? Las materias que se mencionan en las intervenciones presidenciales, expuestas en un lenguaje exacerbado, no se concretan en propuestas de reforma y se encuadran más en una perorata ideológica, que busca mantener sus huestes ocupadas y agitadas.   Se siembra un caos para distraer la reflexión popular sobre el fracaso de unas políticas públicas que el gobierno no ha podido sacar adelante. Más gobierno y menos retórica.