JUAN ÁLVARO CASTELLANOS | El Nuevo Siglo
Jueves, 5 de Junio de 2014

Sin sabotaje

Aprobada  por la Corte Constitucional la Ley Estatutaria del nuevo Sistema Nacional de Salud se abre compás de espera para que la reglamentación sea producto de un debate inteligente, analítico y funcional, como lo exige toda la sociedad colombiana. Ojalá sin espectáculo verbal en el Congreso. Comienza por donde se esperaba: es Derecho de Estado y es fundamental  sin distingos sociales o económicos. No habrá categorías o estratos, vicio que ha prevalecido en el país y, que fortaleció corrupción y negocio con la salud. Vale decir que, en el trato directo de los gestores y prestadores de salud a los pacientes, desaparecerá el término cliente, y en adelante los denominará como Usuarios Afiliados al servicio.

A este principio apenas humano  se agrega la atención inmediata en casos de urgencia, sin tramitar autorizaciones de más alta instancia, si se tiene en cuenta que no habrá límites para atender a las personas en toda situación. Se preservará el control establecido en precios de medicamentos y elementos de primera necesidad médica, según listados del Ministerio de Salud.

El debate de la Ley Ordinaria que reglamentará el servicio irá al Congreso desde el 20 de julio. Ojalá no se enfrenten los dos bandos como el actual choque, alrededor de la segunda vuelta de elección presidencial. -Si con la paz, no se juega, tampoco con la salud,-  para la que se espera una plataforma estable y eficiente para un país supuestamente civilizado.

El decreto reglamentario requiere tratamiento de alto cuidado, pureza en la explicación sobre el funcionamiento de las instituciones gestoras de salud y compromiso para reducir al mínimo, trámites con clínicas y hospitales en toda ciudad o población. Esto sin olvidar que el Fondo Único, -Salud Mía- será  el corazón financiero  y operador central en pagos a los prestadores de servicios. El respaldo constitucional  hace énfasis en que debe ser de absoluta transparencia, con permanente vigilancia y divulgación sobre su actividad. Será algo así, como un Banco de la República para la Salud.

Al definir la reglamentación debe escucharse a  agremiaciones médicas, instituciones hospitalarias y ciudadanía. Será obligatoria la atención a pacientes de alto riesgo. La responsabilidad pública y privada con la salud, centra su expectativa en el Congreso, por encima de debates en caliente, que lanzan los grupos partidistas, para exhibirse y demostrar presunto conocimiento del tema.

La reforma a la salud motiva interés general. Por eso hay que evitar un sabotaje a su reglamentación. Sería un crimen a la  ley más esperada por los colombianos.