Las chuzadas del DAS

Grande  el alboroto que se armó con la repatriación voluntaria de la exdirectora del DAS y su entrega a la Justicia; exfuncionaria  a mala hora ausentada del país por errados consejos en su momento y equivocadamente acogida en la República de Panamá, como si se tratara de una perseguida política en Colombia.

Por supuesto que no se trataba de una persecución política; la exfuncionaria era requerida por la Corte Suprema de Justicia, que es su juez natural debido al fuero constitucional que la cobija, acusada por la Fiscalía  por delitos de interceptación de comunicaciones, entre otros, lo que se conoce en los medios periodísticos como las “chuzadas del DAS”.  Se le imputaron delitos que no son políticos sino comunes y que revisten alta gravedad en un Estado de Derecho. La  exfuncionaria debe gozar de la presunción de inocencia y se le deben dar todas las garantías para su defensa y un debido proceso.

Su situación es espinosa, pues varios exfuncionarios subalternos suyos en el DAS la han comprometido con sus versiones, que contrastan con lo que  ella comunicó por escrito a la Corte Suprema y con lo que  en su oportunidad señaló ante la Fiscalía. No se trata por tanto de ningún “chivo expiatorio”, ni de ninguna perseguida política como se le ha querido mostrar a la opinión pública por algunos de sus compañeros  de gobierno de la época. Por supuesto que hechos de tal gravedad debían ser investigados y en su caso se abusó del asilo político como institución internacional, que debe darse para quienes son perseguidos. A la funcionaria se le  imputa todo lo contrario, de perseguir, de una manera tal que hoy se considera tortura en las Naciones Unidas.

Su presencia es importante para que el país pueda conocer la verdad de lo ocurrido; ojalá colabore con la justicia, para que por fin se pueda saber si se trató de un hecho aislado como sostienen algunos, o si  había más comprometidos en el designio criminal dentro del mismo gobierno.

La exfuncionaria y todo el país pueden tener la seguridad de que el sistema judicial colombiano es independiente y toma sus decisiones  en derecho, sin que en ellas influya el acontecer político de la nación.   Para justificar su ausencia se ha querido mostrar lo contrario, que se le persigue porque en el país no hay garantías para quien hace oposición política. Nada más equivocado y poco se colabora con las instituciones con tales argumentaciones. No puede perderse  de vista que  cuando los hechos por los que se le acusa ocurrieron, ella hacía parte del gobierno y tenía a su cargo nada más y nada menos que el servicio de inteligencia. Cuando los funcionarios extralimitan sus funciones deben ser investigados y sancionados si han cometido alguna falta.  

Difícil tarea la del juez, pues queda en el medio de la confrontación política  que circunda los hechos y no faltará quien califique su labor de sesgada u oportunista, como injustamente ha ocurrido en el presente caso.