Las noticias en materia ambiental distan mucho de ser alentadoras, además de seguir brillando por su ausencia el señor ministro de medio ambiente, el país continúa sin una brújula seria en esta materia y los esfuerzos por mejorar en el tema no pasan de los discursos efectistas, tanto dentro del país como en los foros internacionales.
Terminando la cumbre de cambio climático, el presidente Duque anticipó que Colombia tendrá sembrados ciento ochenta millones de árboles al final de su mandato, meta difícil de cumplir, pero no imposible; sin embargo, olvidó mencionar el hecho de que no existen registros de la efectividad de la siembra y del número de árboles que llegan a la edad adulta y que sin este dato es prácticamente imposible saber en realidad cuantos árboles sobreviven al primer año de su siembra. Si calculamos una media de 1.150 árboles por hectárea, estamos hablando de reforestar algo menos de 40.000 hectáreas por año, suponiendo que todos los árboles llegan a la edad adulta lo cual es mucho suponer, pero con una deforestación anual de cerca de 150.000 hectáreas.
Entonces, se llega en la cumbre a compromisos, no todos alcanzables, pero si todos efectistas y que comprometen una voluntad política que no se compadece con la realidad plasmada en los hechos; lo grave del asunto es que habrá que cumplir con ellos y no se ve una política clara de apoyo desde el gobierno central ni un liderazgo desde la autoridad ambiental que garantice llegar a buen puerto en este tema.
Como si fuera poco, mientras esto ocurre el señor viceministro de ambiente presenta al Congreso de la República la solicitud de ratificar el acuerdo de Escazú, que ya había tenido un mal tránsito en esta corporación; lo grave del asunto es que lo que se pretende es ni más ni menos que ceder soberanía en ciertos temas, sin necesidad ninguna puesto que el país ya lo tiene implementado.
Colombia, desde mucho antes de que se mencionaran los derechos ambientales a nivel mundial, contempló los derechos a la información ambiental y a la respuesta adecuada a las peticiones sobre dicha información; derechos contemplados en el código nacional de recursos naturales, expedido por el presidente Misael Pastrana. Escazú entonces pretende manejar estos derechos desde el exterior, exponiendo los secretos industriales y del país a disposición de otros países, generando desventajas para los nuestros.
Entre los países que han ratificado el acuerdo de Escazú están Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador; presionan desde estos países por la ratificación del acuerdo argumentando la defensa de los derechos de las comunidades raizales y de las minorías étnicas. Sin embargo, un dato curioso es que, en el año anterior, en Colombia hubo mas del doble de consultas previas que en estos países juntos, además del hecho innegable de que en ellos hay mas comunidades de estas características que en nuestro país.
Que bueno sería que se retome la brújula del sector y que se dedique un tiempo a planear, no solo nuestro futuro sino también nuestra supervivencia; y que Dios ilumine al congreso para que nos libre de Escazú.
@alvaro080255