El archivo definitivo de la reforma a la salud por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República era previsible. La obstinación del gobierno por cambiar un sistema, perfeccionado por más de tres décadas, solo si y solo si se aprobaba a pie juntillas su proyecto inicial, no dejó apreciar nunca los reparos de especialistas y partidos. Entonces el legislativo puso la lupa sobre su inconveniencia.
Ahora, la simultánea intervención por parte del Estado a las Entidades Promotoras de Salud como Sanitas y La Nueva EPS, las de más alto aprecio y demanda por parte de la ciudadanía y la subsiguiente declaración de liquidación de Compensar, por supuesto tiene al país de punta y en conmoción. Aún la ciudadanía guardaba esperanzas en la moderación de un Estado protector y en la voz de sus representantes: el legislativo, los gremios, los actores del sistema de salud y las fuerzas políticas.
Mientras tanto, continuas declaraciones e insistencias y hasta enfrentamientos, dados durante el debate de un largo año de la reforma, llamaban a la urgencia de separar, de la monumental propuesta, el salvamento financiero del sistema. Esto, antes que nada. Pero como nunca hubo la intención de mantener la sostenibilidad del sistema, la amenaza estaba cantada. No se ajustó la fórmula de la unidad por capitación ni se les giraron las deudas conocidas dentro de los presupuestos máximos.
Se conoce, además, que antes de una intención gubernativa de intervención del Estado a entidades privadas, en sectores donde se juega la salud, el ahorro o la economía, existen fases de alerta, corrección y entendimiento. Bajo esta sombrilla, se actuó con EPS en épocas anteriores, en modalidad de vigilancia especial y se les determinaron maneras para salir de las dificultades.
Un ejemplo, han sido las leyes de reestructuración financiera que buscan sacar adelante empresas en aprietos, poder sostener su empleo, con acuerdos que les permitan atender obligaciones pecuniarias, en medio del desarrollo propio de sus actividades. En fin, se procede con una clara intención de sacarlas adelante, de sortear temporalmente contingencias y valorar el sostenimiento empresarial.
Más allá de la alusión al cumplimiento de las razones técnicas como causa de la intervención, el presidente Gustavo Petro aduce en mensaje por la red social X, otro motivo: su obstinación por transformarlas a gestoras en salud, como lo decía el proyecto archivado, supuestamente en un modelo de salud mixto.
El problema, además, está en creer que el Congreso no lo aprueba por inconveniente, en línea con el pensar ciudadano, sino por evadir su responsabilidad y por sectarismos. Una muestra son algunas de las concertaciones logradas sobre algunos puntos en torno a la reforma pensional. Es decir, el legislativo tiene la facultad libre de actuar.
Lamentablemente en el cuadrilátero parecieran estar en juego la salud y el poder bajo un gobierno que puede tener síntomas de la enfermedad de poder tal como la caracterizan David Owen y el psiquiatra Jonathan Davidson. Según ellos, el síndrome de Hubris se diagnostica sobre mandatarios que creen estar llamados a realizar grandes obras; con signos de prepotencia y son incapaces de escuchar e impermeables a la interacción y crítica.
No puede el gobierno caer en una conducta hubristica y en némesis, propia de la enfermedad del poder, que es un doblete muy fuerte, pues es la mezcla de sentido de omnipotencia y autoconfianza con animosidad y deseo de destrucción de todo lo que no comparta su criterio.
Pedir al mandatario dejar entrar la moderación y la escucha activa a su gobierno, con voluntad y capacidad para anticipar y mitigar las consecuencias del deterioro que puede sufrir bien el sistema de salud o la economía, por cuenta de unas políticas que la gente no quiere, puede ser mucho pedir, pero de lo contrario va a gobernar solo por voluntad propia y se va a quedar solo porque el país no merece ni acepta un retroceso.