Se inició esta semana con la nueva reunión entre el gobierno y el comité de paro, lo que pudiéramos llamar el segundo round de la movilización social. El primer episodio se suspendió por las fiestas navideñas.

¿Qué va a pasar en este segundo round? En este asalto participan tres boxeadores al mismo tiempo. Los estamentos llamados a las mesas temáticas de la “conversación nacional”; el comité autodenominado de dirección del paro; y el gobierno propiamente dicho.

Las noticias indican que provenientes de la que se ha dado en llamar “conversación nacional” ya han llegado cerca de 5.000 propuestas. Y esta conversación apenas comienza: se ha convocado hasta el mes de marzo. Generará entonces 15.000 o 20.000 propuestas más ¿Cómo se tramitarán? ¿O simplemente se les engavetará piadosamente?

El otro púgil es el llamado comité organizador del paro. Empezó con 13 propuestas y ya va por 140. Al dicho comité han llegado no solo nuevas propuestas sino nuevos participantes. ¿Qué tipo de personería va a reconocerle el gobierno? ¿Lo va a reconocer como una instancia de negociación o solamente como una mesa más de la gran conversación nacional? El comité solicita lo primero; el gobierno se empeña en lo segundo.

El gobierno dice que no va a negociar con este comité el “Estado”, lo que está bien. Pero ¿cuál es el estrecho lindero entre lo que corresponde a temáticas no negociables y las que sí lo son? El gobierno, por boca del Dr. Molano, ha mencionado algunas de las materias no negociables, lo que por exclusión deja un amplio margen de asuntos que sí serían entonces negociables con el comité organizador. Lo que a la postre, así sea por exclusión de materias, le confiere al dicho comité la condición de negociador que desde el comienzo intentó negarle el gobierno.

El otro riesgo de este encuentro boxeril es que el gobierno se dedique al tira y afloje de la negociación y de la conversación nacional. O que una y otra lo absorban de tal manera que no le quede tiempo ni liderazgo para adelantar su propia agenda ante el Congreso, que es el foro natural -no lo olvidemos- para tramitar el malestar social que como el magma de un volcán ha comenzado a salir a la superficie en Colombia.

No van a ser tiempos fáciles. El gobierno tiene que comprender que con esta temática no se puede pretender darle gusto a todo el mundo. Ni mucho menos que todos los convocados le vayan a firmar un cheque en blanco. Tiene que estar dispuesto a decir No; y a decirlo a tiempo y contundentemente.

Como se van viendo las cosas, el primer semestre del año se va a ir en marchas y contramarchas, en amagos de diálogos con todo el mundo, En intentos afanados para apaciguar aquí y allá. Con el riesgo de olvidar que la función primordial de todo gobierno es tramitar su propia agenda que es para la cual fue elegido.

No me sorprendería que en este semestre veamos también un ingrediente nuevo. Los indígenas ya le dieron un ultimátum al gobierno. Y si el año pasado presenciamos una nutrida minga, este año no sería sorprendente que veamos una superminga en las carreteras del país.

Entre “apaciguar” y “gobernar” hay un terreno vidrioso que el gobierno tendrá la gran responsabilidad de sortear sin negociar el “Estado” con los organizadores de la protesta social, pero sin que ello lleve a dilatar tampoco la acción gubernamental.

Por ejemplo ¿cuándo llevará el gobierno la propuesta de reforma pensional al comité tripartito como lo anunció el año pasado? ¿Cuándo la laboral? ¿Las tiene listas?

No hay que olvidar que en el 2020 el gobierno Duque llega al ecuador de su mandato. Y más pronto que tarde, el sol comenzará a alumbrarle la espalda.