Los socialistas españoles ingresan al poder por la puerta de la cocina con Pedro Sánchez, quien se apoya en diversos sectores políticos antagónicos, de derecha y de izquierda, como regionalistas y separatistas, con el compromiso de ser presidente de transición, para salir de Mariano Rajoy, quien con notables logros en lo económico, se desgasta por cuenta del reto permanente de los separatistas catalanes, combatidos por su gobierno a medias.
Vacila en defender a ultranza la unidad de la Nación. Se inclina por librar la disputa política desde la discusión leguleya, de los incisos e interpretaciones sofistas de la ley, donde los bandos rivalizan en astucia y audacia. Sobreviven las continuas denuncias de corrupción de algunos de los miembros de su partido, hasta que el caso Gürtel le estalla en la cara. Político de sangre fría, prefiriere la indefinición, con la secreta esperanza que el tiempo resuelva sus desafíos y conflictos. Al no actuar con rapidez y contundencia, los separatistas se tornan más audaces, se fortalecen, en tanto el gobierno nacional se debilita y pierde el respaldo político en las calles.
Rajoy se equivoca en cuanto el peligro que encarna Sánchez, audaz joven dirigente socialista de clase acomodada, obsesionado con llegar a La Moncloa, derrotado por el PP en dos elecciones limpias que le cobraron en las internas socialistas, vetado por la vieja guardia. Un mal día despierta Rajoy con la noticia que Sánchez y los parlamentarios arman la “coalición imposible” en su contra, trampa sin antecedentes en la España democrática. Sánchez, a su vez, antes de la elección se compromete a formar un gobierno de transición y convocar a elecciones en un mes o dos. Hoy pretende mediante argucias parlamentarias quedarse sin ir a elecciones.
Rajoy, el defenestrado político gallego, con sorpresa en su rostro y viril resolución, se retira sin ruido, consciente que lo pierde la miopía política, vacila cuando España reclamaba medidas drásticas que neutralizaran a los separatistas y juzgaran a sus dirigentes. Rehúye asumir la jefatura de la oposición. Lo que evidencia que no se percata del momento histórico que vive.
En cuanto el separatismo, las leyes de España son claras al respecto: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". El PP tenía y mantiene la mayoría en el Senado, sin que Rajoy, hiciera lo suyo.
Sánchez, que debiera proceder y reducir a los separatistas catalanes, prefiere la morosidad, cuando como gobernante de España tiene la obligación de contener el separatismo. En los inicios del gobierno mantuvo a los de “Podemos” fuera del poder, desgastado prematuramente en su gestión, parece que no puede sobrevivir sin el apoyo de éstos, por lo que les entrega la televisión oficial y otros cargos burocráticos.
El costo político de aliarse a los ultras chavistas será inmenso. Y como consecuencia de esas concesiones ofrece a los catalanes separatistas resolver en elecciones las discrepancias con Madrid, algo que atenta contra la unidad nacional y que no se soluciona en las mesas de votación. Los separatistas se valen del poder local y los fondos nacionales para pervertir los resultados electorales, en lo que han resultado expertos. La salida política es intervenir a fondo y quebrar el gobierno regional sedicioso.
Sánchez, en muy poco tiempo cae en el mismo dilema de su antecesor y se muestra confuso y vacilante. En vez de suspender la autonomía catalana utilizada para intentar la secesión de España, se distrae con boludeces como el gabinete paritario por sexos y la necrofilia de desenterrar los restos del general Francisco Franco, falsificar la historia, profanar el Valle de los Caídos, promover la ley de venganza histórica y amenazar a la Iglesia Católica con despojarla de 40.000 bienes.
Pablo Casado, jefe del PP, reclama al gobierno que se aplique ya el artículo 155 y se proceda la intervención de Cataluña, como al cese de las autoridades locales subversivas: los informes económicos muestran el creciente deterioro de sus finanzas y el aumento de la corrupción oficial. Quim Torra, presidente de la Generalitat con retórica monocorde, insiste en el proyecto secesionista y pretende defenderlo en el Parlamento español, donde debieran oírlo y luego proceder a conducirlo con todas las garantías del Estado de Derecho a prisión. España requiere un hombre providencial que una monolíticamente la Nación, que no aparece.