En una entrevista radial le oí al presidente Santos exponer la tesis de que los países que han vivido un conflicto armado son más propensos a la corrupción. Esa tesis es muy parecida a la que sostienen otros en el sentido de que la corrupción es propia de los países empobrecidos; la verdad es que también se da, como un tumor maligno, en los países industrializados. Como dice Rosario De Vicente, no es sino recordar el escándalo de la Eurostat en la Unión Europea y los de Enron, WorldCom y las operaciones irregulares de compra venta de títulos en la multimillonaria industria de los fondos de inversión en Estados Unidos.
Si uno examina con algún rigor los países que han afrontado conflictos armados se concluye que se han dado casos en los que se han intensificado los actos de corrupción. Quizá en los países en los que han debilitado los órganos de la justicia y las instituciones democráticas se puede establecer que son más proclives a ese fenómeno. En el caso colombiano, en el marco de la confrontación armada, las Farc y demás grupos armados ilegales extorsionaban a funcionarios de los municipios, departamentos y otras entidades haciéndolos incurrir en actos de corrupción. Pero hay otras fuentes.
Entre nosotros las manifestaciones últimas de la corrupción, como han sido los vergonzosos casos de Odebrecht, Reficar, el Cartel de la toga, el Cartel de la hemofilia y los PAE, no guardan relación directa con el conflicto armado, y llegaron a descubrirse por la cooperación de algunas agencias del gobierno americano con los cuerpos de investigación del Estado. Debemos reconocer que en el adelanto de esas investigaciones ha contribuido el mecanismo de la delación y negociación de la pena a través de la figura conocida como “principio de oportunidad” del sistema acusatorio.
La corrupción, lamentablemente, ha aumentado sus tentáculos en forma paralela con el crecimiento del Estado. Del mismo modo, no hemos adquirido plena conciencia de la dimensión del poder corruptor del narcotráfico que llegó a permear distintas capas de la sociedad. Como la corrupción y el dinero van unidos irremediablemente, han contribuido a construir la mentalidad de que “el dinero lo puede y lo mueve todo”. Y ese rasero significa que se han trastocado los valores de la sociedad colombiana.
Por ello el próximo Congreso y gobierno tienen que tomar muy en serio la manera de encarar la dimensión que ha adquirido el fenómeno de la corrupción que, como es de todos conocido, deslegitima las instituciones, bloquea las políticas sociales, nos condena al subdesarrollo y envilece las costumbres políticas. Ese es un tema crucial en la agenda pública y es uno de los ejes de la campaña presidencial. Esperamos que los candidatos hagan propuestas consistentes sobre este tema tan complejo y tan sensible, y que asuman desde ya compromisos con los partidos o movimientos que los apoyan sobre la necesidad inaplazable de erradicar ese flagelo si no queremos caer en el abismo.