EL TRATADO

Colombia-Nicaragua

Mientras  el presidente Santos sigue invocando el Esguerra-Bárcenas (aunque el famoso meridiano 82 ni siquiera es mencionado en el tratado, sino en el acta de canje de ratificaciones de 1930, la cual jamás fue aprobada por el Congreso colombiano); mientras los magistrados de la Corte Constitucional resuelven sus pugnas internas (la de la filtración de la ponencia fallida, y la de la sentencia que primero fue resumen y después comunicado); y mientras los medios de comunicación siguen hablando de la “inaplicabilidad del fallo” que le quitó al país “75 mil km. cuadrados de mar territorial” (sic); alguien debería empezar a pensar seriamente en el tratado que, tarde o temprano, habrá que acordar y firmar con Nicaragua.

Varias veces, antes del proceso ante la CIJ, Colombia buscó negociar la controversia con Nicaragua.  Jamás fue posible:  Managua exigía que la soberanía sobre el archipiélago entrara en la agenda, lo cual resultaba -con razón- inaceptable. Pero ese obstáculo quedó removido con el pronunciamiento de La Haya en 2007: el mismo que señaló, con meridiana claridad (literalmente) que el meridiano de marras no era, ni fue nunca, límite de nada.

Lo dicho por la Corte Constitucional es simple: Colombia tiene la obligación bajo el derecho internacional de cumplir el fallo. (Una obligación que, dicho sea de paso, no se deriva del Pacto sino de la Carta de San Francisco). Lo que el artículo 101 de la Constitución establece es un procedimiento de incorporación al derecho interno, aplicable al caso en virtud de una interpretación generosa de su tenor literal. Así que hay fallo, hay que ejecutarlo, y habrá entonces que negociar con Nicaragua. Y la base de esa negociación no será otra que la delimitación establecida por La Haya. Suponer algo distinto es mentirle al país o autoengañarse cínicamente.

Es improbable que Nicaragua acepte una alteración sustancial del límite trazado por la CIJ.  Cualquier modulación, por otro lado, implicará una transacción, algo a cambio.  ¿Qué podría ofrecerse a Nicaragua para desenclavar, por ejemplo, Quitasueño y Serrana?  En lugar de insistir en un mapa imaginado, que no fue y ya nunca será, Colombia debería apropiarse del fallo y exigir a Managua, sobre esa base, suficientes garantías y mecanismos de verificación en materia ambiental y en lo relativo a los derechos de los raizales.  Ese tratado no será tanto un tratado de límites, sino más bien, un tratado de vecindad y convivencia. Los límites que hay que fijar son otros.  Con Costa Rica y con Honduras, porque hoy por hoy, esa delimitación no existe. 

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales