Los militares y demás miembros de la Fuerza Pública presuntamente implicados en el magnicidio del exdirector de EL SIGLO, Álvaro Gómez Hurtado, no deben ser cobijados con los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Así lo solicitó a nombre de la familia el exrepresentante por Bogotá, Miguel Gómez Martínez, argumentando que este caso no se relaciona con el conflicto armado.
“Yo preferiría que fuera la justicia ordinaria la que conociera el caso, para que la Justicia Especial para la Paz no se siga convirtiendo en una especie de saco roto en el que metemos todo nuestro pasado e intentamos con eso limpiar responsabilidades y culpas”, dijo Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder conservador.
“El caso de Álvaro Gómez es evidente que fue un asesinato de tipo político y ese es el desafío que necesitamos enfrente la justicia que no ha querido hacer durante más de 20 años por presiones políticas y la misma indolencia por parte del aparato de investigación”, agregó.
Asimismo reiteró la petición de la familia para que el homicidio sea declarado como un crimen de lesa humanidad para evitar que haya lugar a la prescripción.
Las declaraciones se produjeron luego de que esta semana se supiera que la lupa de la Fiscalía se mantenía sobre el general retirado Rito Alejo del Río por su posible participación en el crimen.
Desde hace varios años se conocen declaraciones del paramilitar Edwin Zambrano, alias William, en las que asegura que sostuvo una reunión con el oficial “cuando se organizó la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado”.
Aunque el testimonio de Zambrano no es nuevo, ya que el general Del Río ya había sido llamado a declarar sobre ese asunto en 2013 y en 2015, sin que se tomara ninguna decisión al respecto, ahora a partir de esas afirmaciones la Fiscalía ordenó recolectar en los Estados Unidos las declaraciones bajo juramento de los extraditados jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias don Berna, así como del narcotraficante Hernando Gómez, alias Rasguño.
Álvaro Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá, donde era catedrático.
El crimen ocurrió en medio del escándalo por el denominado Proceso 8.000, acerca del ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper.
Ahora, la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía se prepara para designar una comisión que viaje a Florida, donde están presos Mancuso, Murillo y Gómez, para practicar las diligencias.
Actualmente, el general Del Río paga 25 años de cárcel en la Escuela de Caballería, del Ejército Nacional, en Bogotá, por el homicidio del líder chocoano Marino López, perpetrado en febrero de 1997.
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