El primero es testigo contra el exmagistrado por fallos amañados que se emitieron en la Corte

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El día de mañana la Comisión de Acusación del Congreso espera avanzar en la investigación que adelanta por los hechos de corrupción que se habrían presentado en la Corte Suprema entre los años 2013 y 2015, pues está citado para declarar en horas de la mañana el privado de la libertad exfiscal Luis Gustavo Moreno, y unas horas más tarde el exmagistrado Leonidas Bustos para rendir indagatoria.

Moreno no ha acudido en un par de oportunidades a citaciones que le ha hecho esta célula legislativa para que también entregue información, como sí lo ha hecho en el caso de la Corte Suprema de Justicia, sobre la red de corrupción que se tejió en la Corte Suprema de Justicia por magistrados, ex magistrados y abogados para torcer a cambio de jugosas sumas de dinero fallos favoreciendo a parlamentarios y otros políticos.

No obstante se espera que en esta oportunidad el abogado Moreno sí cumpla la citación y reitere lo que ha señalado contra el exmagistrado Bustos, pues la semana pasada firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de beneficios penales, que lo obliga a cooperar en los frentes que se adelanta esta investigación: la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

"En ese principio de oportunidad, el señor Luis Gustavo Moreno se obliga a colaborar con la Justicia y eso implica su colaboración con la Fiscalía, con la Corte Suprema y con la Comisión de Acusación, es un deber que nace del principio de oportunidad. De tal manera que en esa materia no debe haber ningún tipo de observaciones porque es un deber  y para preservar en la postulación debe cumplir con ese requisito", explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

En el caso del exmagistrado Bustos se espera que mañana sí concurra a la Comisión de Acusación que lo investiga junto con el magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, por su presunta participación en la red de corrupción que operó en la Corte Suprema.

Bustos no acudió la semana pasada a la citación a indagatoria que le hizo la Comisión de Acusación de la Cámara, aduciendo que contaba con incapacidad médica.

Testigo estrella

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, anunció que se llegó a un acuerdo con Gustavo Moreno y se firmó un principio de oportunidad sobre delitos que haya cometido como abogado y no como funcionario cuando fungía como fiscal anticorrupción.

“Es decir, todas las causas en que haya incurrido como funcionario judicial no tendrán ningún beneficio”, indicó Martínez Neira.

El Fiscal dijo también que en caso de que el abogado Moreno sea extraditado a los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país servirá para que éste siga colaborando con las autoridades colombianas en audiencias que serán realizadas a través de videoconferencias.

El exfiscal anticorrupción Moreno está privado de la libertad desde junio pasado investigado por los  delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.

Moreno fue puesto en el radar de la Fiscalía después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le entregara información sobre grabaciones a conversaciones que adelantó en ese país, en calidad de jefe anticorrupción de la Fiscalía, con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

En esos audios se escucha a Moreno y su socio, el también abogado Leonardo Pinilla, solicitarle a Lyons $500 millones supuestamente para frenar los procesos en su contra en la Corte Suprema.

En ese sentido, Moreno y Pinilla alardearon ante el exgobernador que tenían contactos con magistrados y ex magistrados que podían afectar el curso de los procesos en la Corte. Además mencionaron parlamentarios que se habrían visto favorecidos por este proceder.

En agosto pasado el senador Musa Besaile declaró en la Corte que pagó $2 mil millones a Moreno para frenar una supuesta orden de captura en su contra.

Moreno ya ha declarado en la Corte Suprema contra los senadores Besaile, Álvaro Ashton y los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, así como contra unas 15 personas más, entre magistrados auxiliares y titulares, congresistas y ex congresistas.