La medida fue dictada por el Juzgado 54 Penal de Bogotá, con función de control de garantías en contra de Ángel Darío Aycardi Galeano y al abogado Oscar Luis Vidal Arrieta por el escándalo de los fraudes al magisterio de ese departamento.

Aycardi Galeano y Vidal Arrieta son los presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y privado, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.

“Adulteraban o falsificaban  procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes, con los que se reconocían los ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo y de la Fiduprevisora”, aseguró el ente acusador.

De acuerdo con el fiscal del caso, los imputados, valiéndose de documentación espuria, defraudaron al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en  64 mil millones de pesos a través de los trámites de procesos ejecutivos laborales. “Fueron más de 1.400 las personas suplantadas a través de falsos poderes –Anotó–. Este juez embargó cuentas inembargables del erario de los colombianos como usted o yo que pagamos los impuestos. Eran en su mayoría docentes que no habían demandado y otros incluso ya habían fallecido”, sostuvo el funcionario.

Agregó que el juez Aicardy no respondió a la confianza dada por los colombianos como juez de la República al vulnerar el artículo 2º  de la carta política sobre el deber de servir a la comunidad y, por el contrario, sirvió a la delincuencia.

En este mismo acontecimiento se salvaron 141 mil millones de pesos tras una solicitud de la Fiscalía para que se suspendieran los efectos jurídicos de otras sentencias emitidas por el juez. El fiscal, al sustentar la medida de aseguramiento, advirtió que uno de los testigos que harán parte del juicio corroborará que en ese despacho judicial se manipulan indebidamente los procesos como el denunciado y que incluso, según algunos de los trabajadores, el juez pocas veces se ve en su lugar de trabo.

“Nunca lo conocí, siempre decían sus funcionarios que él no tenía horario y las acciones interpuestas nunca eran respondidas por el juez”, dijo el testigo mencionado por el fiscal.

El Fiscal sostuvo que en Colombia como en cualquier país civilizado, los dineros del Estado son sagrados. “Son dineros que no se le pueden hurtar a los colombianos, lo que  configura una conducta y modalidad gravísima por parte de estas personas, quienes hacen parte de una organización verdaderamente criminal”. Los detenidos fueron enviados a una cárcel de Corozal (Sucre).