La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Gobierno defendieron la creación de 1.208 puestos en la entidad, ante algunas críticas que surgieron ante esta determinación.
En un comunicado la PGN dice que “la Procuraduría debe dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria, generando la necesidad de separar las funciones de la entidad: designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento. Función que anteriormente estaba unificada en un mismo servidor de la Procuraduría”.
Señala que “en cumplimiento de esta decisión, el Congreso de la República expidió la Ley 2094 de 2021, por medio de la cual “se reforma la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y se dictan otras disposiciones”, ordenando a la Procuraduría garantizar la independencia de la instrucción y el juzgamiento (central y territorial), y, al más alto nivel, la conformación de tres salas disciplinarias, una de ellas exclusiva para servidores de elección popular”.
La Procuraduría explica que la entidad tiene una carga laboral, en materia disciplinaria, de al menos 75 mil procesos activos. “De estos, a la fecha están en riesgo de prescripción aproximadamente 12 mil; que deben ser evacuados en los términos previstos en la Ley”.
“Un estudio de funcionamiento concluyó que las necesidades y demandas de la Procuraduría para implementar la Ley 2094 de 2021 y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana eran imposibles de satisfacer con la planta de personal actual, por lo que recomendó ampliarla en diferentes niveles”, aclaró.
“Con fundamento en este estudio y el presupuesto apropiado a la Procuraduría para la vigencia 2022, se definió la creación de 1.208 cargos, exclusivamente para el fortalecimiento del eje misional disciplinario, de acuerdo a la delimitación de la Ley 2094 de 2021”, añadió el documento.
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Por último, la Procuraduría subrayó que “la provisión de estos cargos, que será gradual a partir del año 2022, no generará adiciones al presupuesto ordinario apropiado a la Procuraduría General de la Nación, que corresponde al 0,29% del presupuesto nacional, es decir, similar y constante al apropiado anualmente desde el año 2017”.
Asimismo, el ministro del interior, Daniel Palacios, se refirió a esta polémica y explicó que el decreto se expidió en el marco del Código Disciplinario que aprobó el Congreso de la República y cumpliendo un fallo de la CIDH.
“Hace parte de la modificación al Código Disciplinario, fue una ley que se aprobó alrededor de hace cuatro meses y en esa ley hay una reestructuración de la Procuraduría”, dijo Palacios.
De igual forma, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, advirtió que el gasto con la creación de puestos en la Procuraduría ya fue contemplado y se incluyó en el Presupuesto General de la Nación para 2022. El gasto será de 160 mil millones de pesos.
Por otro lado, la Coalición Centro Esperanza publicó un comunicado donde rechaza esta medida que crea más de 1.200 cargos en la Procuraduría.
“Cuando se filtraron los primeros indicios sobre la expedición de esta medida la procuradora Margarita Cabello negó la posibilidad que ahora se concreta. Llama la atención la fecha escogida para expedir esta norma, en momentos en que el país está celebrando las festividades de fin de año”, agrega.
“Es conocido por la opinión pública que la señora procuradora tiene cercanos nexos políticos con la llamada Casa Char, uno de cuyos miembros es candidato a la Presidencia de la República. Estamos solicitando al señor Presidente que, en cumplimiento de sus deberes de imparcialidad, deje sin validez el decreto, lo someta a riguroso examen respecto de su conveniencia y aplace su eventual vigencia para después del proceso electoral”, concluye el comunicado.