Aunque el actual Gobierno sostiene que uno de los grandes avances en estos cuatro meses fue la sanción de la prórroga que define la política de la paz y crea el servicio social, lo que se ha visto, sin embargo, es que el realismo de la guerra se ha impuesto sobre ese plan.

Por ahora en Caracas se adelantan unas negociaciones con el Eln y recientemente resaltó la tregua realizada ente bandas criminales en Buenaventura (‘Shottas’ y los ‘Espartanos’). Pero aún se desconoce el marco legal y el camino que deben seguir algunas de estas medidas emprendidas dentro de la política pública de seguridad.    

Se recuerda que a un mes del mandato se presentó una emboscada en el corregimiento de San Luis, jurisdicción de Neiva (Huila), donde fueron asesinados siete uniformados. En el más reciente ataque seis soldados del Ejército murieron luego de ser atacados por presuntos disidentes de las Farc en Buenos Aires, Cauca.

Aunque aún hay muchos vacíos sobre cómo, cuándo y con quiénes se implementarán estos procesos, las críticas llegan de todos los sectores, incluso de algunos que apoyan al Gobierno y no ven con buenos ojos la inclusión de delincuentes comunes y desertores del anterior proceso de paz en estas conversaciones.

Las críticas también van encaminadas a demostrar que la llamada paz total no tiene clara una línea de seguridad, no cuenta con una estructura fuerte que permita diseñar una política que les garantice planes locales y nacionales para que haya interinstitucionalidad en términos sociales y políticos.

En cuanto a sus defensores, aseguran que “Yo creo que sí es posible y creo que se adelantará la tarea en un porcentaje significativo. Ahora, que puedan terminar todos esos diálogos en acuerdos o en procesos exitosos de sometimiento a la justicia, lo veremos. Pero aquí lo fundamental es que este camino es irreversible. Es decir, que está planteada una hoja de ruta y vamos a ir a desarrollarla en todos sus aspectos con total decisión”, expresó el senador Iván Cepeda.

Cifras de inseguridad

Uno de los lunares que ha tenido el actual jefe de Estado ha sido el de la seguridad y el del orden público. Human Rights Watch para las Américas aseguró que en los tres primeros meses del Gobierno de Gustavo Petro fueron asesinados 35 líderes sociales.

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo informó que 2022 ha sido el año con el mayor número de homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos desde 2016.

“Este año fue particularmente complejo para líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. Entre el primero de enero y el 30 de noviembre de este año fueron asesinados 199 líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, cifra muy superior a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Aunque hay que recordar que Petro inició su periodo en agosto de este año, también se confirma que uno de los meses con el mayor número de homicidios fue octubre, cuando el nuevo Gobierno ya se encontraba al mando en el país.

Por eso desde HRW recomendaron al actual mandatario que “es urgente establecer una política de seguridad que proteja a la población civil, ampliar la presencia estatal e implementar los mecanismos del acuerdo de paz con las Farc para proteger a líderes sociales y avanzar en estrategias de desmantelamiento integral de organizaciones delictivas”.

De acuerdo con Indepaz, durante el gobierno Petro fueron asesinados cinco firmantes de paz, 44 líderes sociales y defensores de derechos humanos y ocurrieron 26 masacres que segaron la vida de 91 personas. Por su parte, según los reportes de la Policía Nacional, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 16.732 casos de violencia intrafamiliar; nueve casos de terrorismo; 54 casos de secuestro; 1.992 casos de homicidios y 1.222 casos de extorsión.   

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Asimismo, los reportes de la Policía Nacional indican que 3.900 personas fueron violentadas sexualmente y ocurrieron 16.732 casos de violencia intrafamiliar.  Entre tanto, el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó que en agosto se presentaron 43 casos de feminicidio, en septiembre fueron 49 casos; mientras el consolidado de octubre y noviembre aún no se ha publicado.

Finalmente, los reportes de la Policía Nacional evidencian 15.167 casos de lesiones personales; 4.966 casos de hurto de motos; 1.323 casos de hurto de automotores; 5.074  casos de hurto a residencias y 54.252 casos de hurto a personas.

Por otra parte, la situación violenta en Arauca no ha cesado con el cambio de Gobierno. Desde principios de 2022 los asesinatos y secuestros se han convertido en cotidianos. Mientras en 2021 se registraron 185 muertes violentas (61,7 casos por cada 100 mil habitantes), al 31 de octubre del año en curso ese índice se trepó a 293 (97,2 casos por cada 100 mil habitantes), lo que equivale a un incremento del 56%.

Del 1 de enero hasta el 8 de noviembre de 2022 se reportaron 306 homicidios con arma de fuego. El municipio de Saravena ha sido el más golpeado por este delito: 144 homicidios.

De igual manera,  la Defensoría informó que en Arauca, en lo que va del año, se han presentado 47 secuestros.

Pero no solo es en las zonas rurales o fronterizas, la inseguridad también se vive en las ciudades. El Observatorio de Seguridad de Cali indicó en su más reciente informe (publicado el 2 de diciembre) que durante noviembre se registraron 63 homicidios en la ciudad, mostrando una reducción del 13 % comparado con el mismo periodo del año anterior.

“Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022 van 875 asesinatos en Cali, 256 casos menos que los reportados en el mismo periodo de tiempo de 2021”, indicó el estudio. Sobre las causas de esa reducción, Petro afirmó también desde Buenaventura que una de ellas es la inclusión juvenil.

Los PMU

Con la implementación de los Puestos de Mando Unificados por la Vida, instalados en varios de los municipios y sectores más violentos de Colombia, el Gobierno nacional busca escuchar a las comunidades y detener los asesinatos de civiles; han contado con la presencia de varios ministros y del mismo Petro, como el de Ituango, Antioquia y, aunque aún continúan los asesinatos de líderes sociales y se han agudizado los conflictos por la tenencia de la tierra y las invasiones, estos encuentros han permitido que el Gobierno refuerce su apoyo popular en las regiones.

“Diseñamos, junto con las plataformas de Derechos Humanos y la Comisión de Paz del Congreso, un plan de choque que comprende 49 medidas que estamos implementando en el territorio, que nos ha llevado a instalar 177 Puestos de Mando Unificado por la Vida, que en el mes de septiembre permitió reducir el asesinato de líderes sociales en un 46 % y que en estos 100 primeros días nos está permitiendo dar una cifra muy importante en la reducción de asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de Paz en el 58,4 %” , resaltó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

De esta manera, mientras el Gobierno resalta su política de paz, las cifras van en contravía de lo que quiere mostrar. En cuatro meses de Gobierno no ha habido un cambio que denote una línea de paz hacia el futuro. Habrá que esperar si las decisiones del Gobierno ofrecen otro panorama en el mediano plazo.