La Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, sustentar y remitir los fundamentos que soportarían las cuatro soluciones planteadas por el Gobierno Nacional, para lograr una adecuada solución a la problemática relacionada con las altas tarifas que pagan los usuarios, por la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.

El Ente de Control requirió al jefe de la cartera ministerial, informar los fundamentos constitucionales y legales, de las propuestas planteadas por el Gobierno Nacional para mitigar la situación tarifaria en esta región del país, las cuales son: Costos de generación en Áreas Especiales'; Financiación solidaria de los saldos de Opción Tarifaria; Plan de inversión para Comunidades Energéticas y generación distribuida; y Titularización de la deuda generada por la Opción Tarifaria.

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Reiteró la Procuraduría su alerta frente a que, las decisiones reglamentarias y regulatorias adoptadas por Ministerio y por la Comisión de Regulación de Energía y Gas — CREG — deben considerar la problemática de tarifas de los usuarios de la Costa Caribe, adicionando la apremiante necesidad de anticipar posibles escenarios de riesgo que puedan afectar la prestación del servicio de energía por riesgo sistémico, ocasionado por el grave problema de liquidez que vienen presentando las empresas comercializadoras.

Por lo tanto, considerando la importancia de lograr soluciones adecuadas para el contexto colombiano, en especial, para el Caribe, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, también pidió sean referidos los cambios regulatorios que se necesitarían expedir para poder ejecutar cada una de las cuatro propuestas presentadas, incluyendo los fundamentos técnicos y financieros.

Finalmente, las proyecciones de ahorro en la tarifa que generaría la aplicación de las soluciones, las propuestas radicadas por las empresas generadoras, distribuidoras y demás actores relevantes en relación con las soluciones que se podrían implementar para superar la problemática tarifaria de los usuarios de la Costa Caribe, también deberán ser remitidas al órgano de control.