Luego de que se frustrara la aprobación de la creación del Ministerio de la Igualdad porque no hubo suficiente quórum para la votación, hoy lunes continuará el debate y se celebrará la votación. Este proyecto ya cuenta con dos ponencias negativas, una de ellas del representante Miguel Polo Polo.

Esta cartera fue una de las promesas del actual presidente y una de las principales banderas de la vicepresidenta, Francia Márquez. Uno de sus principales defensores ha sido el senador del Polo Democrático Alexánder López, quien ha recalcado que con esta cartera se podrá trabajar para cerrar "las brechas de desigualdad que se presentan en Colombia", especialmente en lo que respecta a las mujeres, campesinos, pueblos indígenas, adultos mayores, comunidades diversas y otras minorías étnicas.

De igual manera, el senador López afirmó que el objetivo de este proyecto es devolverles a los colombianos la igualdad de derechos, para que puedan tener acceso a la alimentación, al agua, a la educación, con oportunidades para los jóvenes, para el adulto mayor, para los niños: “Este gobierno quiere hacer justicia y equidad social; este ministerio representa la igualdad, la vida y la paz”, concluyó.

"El Ministerio de la Igualdad irá directamente donde están la pobreza extrema y las profundas desigualdades que existen en el país", ha enfatizado López.

Por otro lado, el representante Miguel Polo ha  expresado que “nadie muere de desigualdad, sino de pobreza. La creación del Ministerio de Igualdad generaría una alta incidencia en el orden fiscal de la Nación y una cuota burocrática”.

Dentro de su ponencia negativa, Polo expone que, como primera medida, el proyecto no identifica las afectaciones en materia fiscal y económica que tiene la reorganización de la arquitectura del Estado a través de la creación del Ministerio para la Igualdad y la Equidad.

Es decir, que pese a que en la actualidad existen diferentes entidades públicas con funciones para atender y garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables, no resulta manifiesta la implementación práctica y de impacto de tales funciones en la situación real de los grupos más excluidos. Por otra parte, el proyecto de ley no plantea una solución clara frente a cómo será el acceso de los programas que impactan el ámbito de competencias del Ministerio.

Para esto la ponencia sostiene que los costos no se pueden conocer con exactitud sin un análisis financiero robusto y serio del presupuesto anual del Ministerio, que podría oscilar entre los $18.239 millones y los $2.3 billones, lo que no responde a la situación económica y fiscal por la que atraviesa el país.