Garantías para acceder a la educación superior
“Buscamos que todas las personas que han sufrido las causas de la violencia puedan gozar de las garantías suficientes al momento de tener la intención de acceder a la educación superior”, manifestó la senadora Ruby Chagüi, del Centro Democrático, ponente del proyecto de ley que crea una exención legal para el pago de las tarifas del examen del Estado de la educación media Saber 11, aprobado esta semana por la Comisión Sexta del Senado. La iniciativa, que pasó a la plenaria del Senado para su segundo debate, tiene como propósito eximir legalmente el pago del examen a aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado y que en la actualidad están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Así mismo se tendrán en cuenta a quienes tengan un porcentaje inferior a 60 en el Sisbén.
ExFarc mafia: crónica de una amenaza anunciada
El próximo martes, a las 9 de la mañana, en el Auditorio Jockey de la Universidad del Rosario, el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de Insight Crime y el centro de educación superior presentarán los resultados de una extensa investigación en torno a uno de los actores más relevantes dentro del crimen organizado en el país: la exFarc mafia. En el certamen académico se discutirá el nacimiento y la expansión de este actor, su relevancia en la reconfiguración del panorama criminal y se examinará su presencia en Colombia, la importancia del régimen chavista para su fortalecimiento y las economías ilegales con las cuales se financia.
Ordenan a periodista que se retracte por injuria
Una polémica decisión judicial le ordenó a la periodista Vanessa Vallejo, editora en jefe del portal Panam Post, a retractarse por un artículo de su autoría que tituló Los violadores que son honorables congresistas en Colombia. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá consideró que las afirmaciones estigmatizadoras que hizo la comunicadora, atentan flagrantemente los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada). Según el juez, “solo se limitó a hacer afirmaciones irresponsables sin sustento fáctico ni legal”.