Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado 3 Penal municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 7 personas investigadas por su presunta responsabilidad en el hurto a una empresa fundidora de oro de la capital antioqueña.

Los afectados con medida de aseguramiento intramuros fueron Henry Andrés  Vélez Correa, Jarver Orbani Méndez Velásquez, Carlos Horacio Manco Úsuga, Carlos Mario Atehortúa, Leonardo de Jesús Tuberquia Zapata, Jhon Jairo Agudelo Ocampo, quien resultó herido en el cruce de disparos con la Policía, y Alberto Antonio Betancur Rendón, quien habría sido capturado cuando portaba un chaleco de la secretaría de movilidad del municipio de Bello. Con esa indumentaria Betancour Rendón, habría aprovechado para desviar el tráfico y facilitar el hurto y la huida de los presuntos delincuentes.

Los defensores de Vélez Correa, Méndez Velásquez, Betancur Rendón y Atehortúa apelaron la medida de aseguramiento ante los jueces penales del circuito.

En la misma decisión el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y ordenó la libertad de Stiven Alexánder Grillo Ferrucho, José Alejandro Montealegre Mejía y Floy Joarson Púas, quienes continúan vinculados a la investigación. La Fiscalía apeló ante la segunda instancia esta decisión.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado jueves 4 de noviembre, cuando un grupo de personas provistas de armas de fuego de corto y largo alcance irrumpió en un establecimiento comercial ubicado en el sector Manila del barrio El Poblado de Medellín, y se habría apoderado de 2 barras de oro sin procesar, valoradas en 550 millones de pesos. También habrían despojado al vigilante del lugar de un radio de comunicaciones, la escopeta y el chaleco blindado de dotación.

Para ingresar al establecimiento los presuntos delincuentes utilizaron una volqueta provista de un ariete para derribar la puerta de acceso.

En la reacción policial, además de las capturas, se logró la incautación de 7 armas de fuego, 8 chalecos antibalas, 14 motocicletas y 4 vehículos.

Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, receptación, falsedad marcaria, usurpación de funciones públicas y simulación de investidura o cargo.

Por último, la Fiscalía obtuvo la legalización y la incautación de los vehículos y las motocicletas con fines de comiso.