Hasta ahora no se han pronunciado el Ministerio del Interior ni la Superintendencia de Notariado y Registro
_______
El pulso entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la información sobre los bienes de las Farc va más allá de un conflicto de competencias.
Si desde el punto de vista de la justicia transicional es urgente empezar a morar cómo es que esos bienes repararán a las víctimas, desde la justicia ordinaria es menester aclarar primero qué bienes son, cuál es su valor y si fueron declarados por los desmovilizados para determinar si se requiere aplicarles extinción de dominio, aparte de que si este fuera el caso implicaría para algunos de los ex jefes guerrilleros la pérdida de los beneficios acordados en La Habana.
Balón a la Corte
Como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, será la Corte Constitucional la que tendrá que resolver este diferendo, después de que la JEP ordenara la entregara de un informe acerca de los bienes de las Farc, a lo que la Fiscalía respondió que los procesos de extinción de dominio tienen carácter reservado.
Como el lunes la JEP insistió en la solicitud, otorgándoles tres días de plazo al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Fiscalía General, el fiscal general Néstor Humberto Martínez optó por solicitarle a la Corte una determinación sobre si la información relacionada con los bienes y activos no reportados por las Farc debe estar en poder de la Fiscalía o de la JEP.
Martínez y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, han dicho que no hay choque de trenes.
"Lo único que está haciendo la Fiscalía es hacer cumplir el acuerdo de paz, que dice que los bienes que no inventariaron las Farc tienen que ser objeto de extinción de domino y las reglas de juego no se pueden cambiar”, expresó el fiscal Martínez.
“No se trata de una tensión. No hay enfrentamiento entre el Fiscal y la Jurisdicción. Simplemente hay un diferencia de interpretación sobre unas normas de la Ley de Procedimiento, pues el Fiscal consideró que esas decisiones debían ser conocidas por la instancia que señala la Constitución, en este caso, la Corte Constitucional”, anotó por su parte Linares.
Le puede interesar: JEP pidió a Fiscalía y EU pruebas contra Santrich.
Sin claridad
El asunto es que, como lo ha publicado este Diario, aún hoy no se tiene claridad sobre los bienes que entregaron las Farc para reparar a las víctimas. Cuando ese grupo en vías de desmovilización remitió -el año pasado- el listado, hubo polémica porque incluyó el costo del armamento, enseres y utensilios de cocina, carreteras ilegales y hasta predios y fincas que eran baldíos del Estado o propiedad privada.
La semana pasada la JEP advirtió que no tiene conocimiento sobre los bienes que las Farc reportaron al Gobierno, pues no han tenido eco las solicitudes que ha hecho sobre el particular a varias entidades. Por ello la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP suspendió la entrega de información sobre los bienes de la extinta guerrilla a todos los vinculados al proceso en el que se estudia la posibilidad de imponerles medidas cautelares con la intención de garantizar la reparación de las víctimas.
Paradójicamente mientras que en días pasados el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa, advertía que los bienes reportados por las Farc no alcanzan el valor que estas dijeron (alrededor de 1,3 billones de pesos), el propio fiscal Martínez indicó hace ocho días que la entidad ya tiene detectados una gran cantidad de bienes que no fueron reportados por la exguerrilla. Esto –según analistas– sería un grave incumplimiento al acuerdo.
“Estos activos no fueron inventariados en el listado de Farc. Hasta 2017, eran 1,3 billones de pesos. En lo que va corrido del año se han incautado activos por 691.000 millones de pesos. Con lo cual, esto debe quedarle muy claro a la opinión pública, hemos incautado activos, presuntamente vinculados a la economía de guerra de las Farc por 2,3 billones de pesos en total incluido 2018. Ninguno de estos 2,3 billones de pesos estuvieron reportados en los listados de bienes”, sostuvo.
Ayer, Martínez reiteró que “son más de 1.000 bienes urbanos, 5.000 rurales, más de 1.000 automotores, semovientes y bienes baldíos superiores a las 2.000 millones de hectáreas que deberían ser objeto de extinción”.
DiferendoJEP, Fiscal
El conflicto de competencias fue planteado por Martínez en una carta dirigida al presidente de la Corte, magistrado Alejandro Linares, en la cual recuerda que el propio acuerdo de La Habana establece que “los bienes activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.
Martínez indicó que según la ley los bienes que no fueron inventariados a más tardar el 15 de agosto de 2017 en la lista que Farc le entregó al Gobierno, tienen que ser objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía.
“Cualquier intento de que los bienes no inventariados se sometan a trámite distinto, falsea la voluntad de paz de las partes y por ende el marco legal del proceso de paz”, indicó el fiscal Martínez.
Ayer, la presidenta de la JEP secundó la solicitud de Martínez, manifestando que espera la notificación de la Corte al respecto para dar los respectivos argumentos por los cuales hizo el pedido del listado a la Fiscalía, insistiendo en que todo tiene que ver en la labor de defensa de las víctimas del conflicto.
“El Fiscal, con todo derecho, expondrá sus argumentos ante la Corte Constitucional y esperamos que la Corte nos remita a nosotros para que la JEP exponga sus propios argumentos”, sostuvo la magistrada Linares, agregando que “hay una tarea de la Jurisdicción en pro de los derechos de las víctimas y eso es lo que está haciendo. No se trata de cuestionar quién tiene capacidad”.