Justificar a grupos violentos en protestas es inaceptable: Pinzón | El Nuevo Siglo
Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá
Foto El Nuevo Siglo/Diana Rubiano
Domingo, 13 de Septiembre de 2020
Redacción Nacional

El presidente de ProBogotá y exministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, habló con EL NUEVO SIGLO sobre el escenario actual que, en materia de seguridad, vive la Capital. Explicando porqué no es viable que la Policía no use armas de fuego, como se lo exigió la alcaldesa, Claudia López, al presidente, Iván Duque.

Pinzón también explicó porque ahora, más que nunca, es necesaria la Fuerza Pública.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su lectura de Bogotá en los últimos tres días?

JUAN CARLOS PINZÓN: En primer lugar, los hechos que implicaron la muerte de un ciudadano por cuenta de excesos policiales, son inaceptables. Requieren justicia rápida y castigo para los responsables. La violencia contra ciudadanos no forma parte de ninguna doctrina de las instituciones policiales y aún más, si están en estado de indefensión.

Además de la desconfianza y la indignación ciudadana, que es algo que se comparte, hemos visto en la calle a organizaciones armadas, pandillas y bandas delincuenciales que con mucha violencia se han dedicado a cometer no solo actos de vandalismo, sino incluso actos de terrorismo.

Vimos buses de Transmilenio completamente incinerados; vimos destrucción de negocios, de fuentes de empleo y células delincuenciales conectadas con grupos terroristas que aprovecharon esta condición. Fue muy lamentable ver a ciertos sectores políticos aprovechándose de esa situación y también vimos una ausencia de liderazgo y coordinación de las autoridades para darle señales claras a la ciudad.

EN: ¿Qué está pasando con la Policía y qué debería hacer la misma como institución?

JCP: A ver, qué está pasando con la Fuerza Pública en general: el pie de fuerza se ha reducido en los últimos cinco años; el presupuesto se ha reducido; el entrenamiento, por lo mismo, se ha reducido, y el esfuerzo que se venía haciendo con la Policía comunitaria y el “Plan cuadrantes”, también se redujo y estos esfuerzos eran muy importantes porque acercaban a la Policía a la ciudadanía. Esos son temas que hay que retomar y fortalecer.

Ahora, los temas se deben analizar con una visión de corto y mediano plazo. A corto plazo, es muy importante que haya una justicia rápida y acción contra quienes cometieron los excesos y asesinaron a un ciudadano.

Y es necesaria una acción coordinada del Gobierno nacional, distrital, Policía nacional y Fiscalía para, de una vez por todas, parar los actos de violencia y criminalidad contra los ciudadanos y los bienes públicos y privados. Eso tiene que pasar a corto plazo.

ENS: La exigencia de la Alcaldesa al Gobierno nacional para que la Policía no use armas de fuego en Bogotá, ¿qué tan viable es?

JCP: Yo creo que, como todo, este tema depende del escenario. Si estamos hablando de ciertas actividades estrictamente de orden comunitario, es posible que uno pueda pensar en ciertas unidades de Policía que no tengan que tener armas de fuego y esos son temas que se pueden evaluar.

Pero por otro lado, también hay que pararse en la realidad y poner los pies en la tierra porque en una ciudad como Bogotá, en donde a la gente por robarle un celular le pegan un tiro o una puñalada, pues es una solicitud que debe pensarse mucho más a fondo.

En esta ciudad nosotros hemos visto bandas que llegan a edificios y se lo toman para atracarlo con fusiles y armas largas para robar. Hemos visto criminales que llegan a robar en la mitad de un centro comercial a plena luz del día. En esas situaciones, la Policía tiene que tener la capacidad de responder de manera proporcional para proteger a los ciudadanos y para reducir a los delincuentes.

ENS: ¿Y en el marco de una protesta pacífica?

JCP: Es que por lo general cuando hay una protesta pacífica que las unidades, por ejemplo, del Esmad están planificadas para que no lleven armas de fuego. Por eso ellos típicamente tú los ves con escudos, con gases lacrimógenos, con ese tipo de materiales. Pero no van con pistolas ni con fusiles, precisamente, para no disparar contra la ciudadanía.

Reforma a la Policía

ENS: Uno de los temas que entró a colación por estos días fue el de la necesidad de hacerle una reforma estructural a la Policía nacional, ¿es muy pronto o muy tarde para hablar de esto?

JCP: Lo primero que el país necesita es una gran reforma a la justicia que acabe con la impunidad. La impunidad contra los delitos comunes, contra los delitos de lesa humanidad, contra los delitos que cometen los funcionarios del Estado, llámese la Policía o cualquier otra institución. Porque hoy esa sensación de impunidad hace que la gente se sienta muy molesta y muy irritada.

En esas situaciones, la Policía tiene que tener la capacidad de responder de manera proporcional para proteger a los ciudadanos y para reducir a los delincuentes.

Ahora, frente al tema de hacerle una reforma a la Policía, insisto hay que pensar el tema de manera seria, a fondo, con una visión a largo plazo, de cómo dotar de capacidades a las instituciones de Policía para que protejan los derechos, defiendan a los ciudadanos y puedan ser efectivos frente al crimen.

Eso no es un tema de calenturas. Esto no es un tema que deba ponerse en el debate público por hechos que ocurren de inmediato para buscar una agenda que, muchas veces, da la impresión que son agendas que responden más a un interés político. Ahí es en donde tenemos que tener cuidado porque estamos hablando del servicio que presta la Policía, que es algo que requiere un país y que requiere la ciudadanía.

ENS: ¿Usted cree que hubo algo de estigmatización en los últimos días por parte de las autoridades hacia la Fuerza Pública?

JCP: El peor error que se puede cometer en la política pública es el de ocultar la gravedad de los hechos cuando estos ocurren. Hay que decirlo: la muerte del ciudadano Javier Ordóñez es un hecho de la mayor gravedad y debió tener muy rápido una reacción en donde las autoridades reconocieran semejante error desde el punto de vista institucional, porque hubo exceso y ese exceso terminó en la muerte de un ciudadano. Es inaceptable.

Pero por el otro lado, tratar de justificar a los grupos extremistas, violentos y criminales en el marco de una protesta, también es inaceptable. Porqué lo digo: porque la Fuerza Pública como un todo tiene el deber de defender y proteger a la ciudadanía.

Y más aún en este momento: el país tiene el 20% del desempleo; Bogotá tiene 1.100.000 habitantes desempleados y en estos momento, necesitamos crear condiciones para que se abran los negocios, para que haya inversión, para que haya nuevos proyectos y para que se construyan viviendas, porque necesitamos que la gente pueda trabajar. Y para todo eso se necesita de la Fuerza Pública.

ENS: ¿Debería haberse decretado un toque de queda como usted lo planteó a mediados de la semana?

JCP: Sí. Por experiencia no tengo duda. Cuando se tiene información de inteligencia que indica que va a haber una organización cuyo objetivo es cometer actos de violencia criminal y de causar daños a la ciudadanía, a las autoridades y a los bienes públicos y privados, si esa información existe de antemano, se pueden decretar y establecer toques de queda generalizados, por localidades o incluso por sectores, para impedir que esos violentos puedan hacerle daño a las comunidades y poner en riesgo a los ciudadanos. Yo creo que habría sido conveniente hacerlo.