COMISIONES ECONÓMICAS DESIGNARÁN MAÑANA A LOS PONENTES
Las Comisiones Económicas del Congreso de la República –Terceras y Cuartas- están citadas para que a partir de mañana le den trámite de urgencia al proyecto de Ley de Inversión Social que radicó el Gobierno nacional el pasado 20 de julio.
Se trata de la iniciativa más importante del Ejecutivo para lo que la actual legislatura, pues con ella se aspira no solo a atenuar el déficit fiscal sino a financiar los programas sociales de la actual administración como Ingreso Solidaria y el PAEF, así como otros nuevos como Matrícula Cero.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, es optimista de que la iniciativa esté lista para sanción presidencial a más tardar en septiembre entrante. Por ello, el proyecto fue radicado antes de que el Congreso comience a estudiar la nueva Ley de Presupuesto General de la Nación para 2022.
El proyecto de Inversión Social tiene a su favor que como fue consensuado con todos los sectores antes de ser radicado en el Congreso, y fue socializado a todas las bancadas parlamentarias que forman parte de la Coalición de Gobierno, incluso con las que se declararon independientes, pues se espera que ni tenga mayores obstáculos que impidan su avance.
Además, las Comisiones Económicas están en manos de congresistas del Centro Democrático, que es el partido de Gobierno, lo que asegura aún más su desarrollo favorable en los términos que aspira la Casa de Nariño.
Por ejemplo, la Comisión Tercera de Senado está presidida por la María del Rosario Guerra (Centro Democrático) y la Vicepresidencia de Richard Aguilar (Cambio Radical); y la Cuarta de Senado la preside Carlos Manuel Meissel (Centro Democrático) y la Vicepresidencia de Juan Samy Merheg (Conservador)
En la Cámara la Comisión Tercera la Preside Wílmer Carrillo (La U) y en la Vicepresidencia Nidia Osorio (Partido Conservador); mientras en la Comisión Cuarta están en la Presidencia Yenica Sugein Acosta (Centro Democrático) y Modesto Aguilera (Cambio Radical) en la Vicepresidencia.
Se espera que mañana martes las mesas directivas de las comisiones conjuntas designen a los ponentes del proyecto de Inversión Social y que el informe de ponencia esté listo esta misma semana. El objetivo, según ha dicho el ministro Restrepo, es que a mediados de agosto el articulado esté aprobado en comisiones conjuntas, para que antes de finalizar el mes entrante pase a las plenarias y a más tardar en la primera semana de septiembre pase a la comisión de conciliación y luego a la sanción presidencial.
La propuesta
Antes de radicar el texto, el Ministro de Hacienda realizó seis foros regionales y reuniones con los diferentes gremios para explicar los alcances de la iniciativa. Estos, especialmente la Andi, se mostraron favorables a la nueva reforma tributaria y hasta anunciaron su porte para financiar el gasto social debido a las mayores erogaciones del Ejecutivo para atender la crisis económica generada por la pandemia.
El ministro Restrepo ha explicado que el Proyecto de Inversión Social pretende recaudar cerca de $15,2 billones anuales para gasta social y menguar el déficit fiscal.
Pero de estos recursos se estima que 69% corresponda a nuevas tasas de tributación empresarial, y el 31% restante del apretón al gasto de la administración central y de la lucha contra la evasión.
En solo recorte de gastos como adquisiciones, vehículos, gastos generales, etc. El Gobierno aspira a que representen $1,9 billones anuales, además del fortalecimiento a la evasión a través de la DIAN para completar las metas propuestas.
Entre los alcances que proyecta la iniciativa están:
- Ingreso Solidario: El Gobierno busca extenderlo y hacerlo sostenible, al menos, hasta diciembre de 2022. Este programa seguirá de forma simultánea con otros de carácter social como Jóvenes en Acción y Familias en Acción, los cuales en conjunto beneficiarán a más de cuatro millones de familias en condición de vulnerabilidad.
Este programa apoya a más de tres millones de familias que reciben cada dos meses con $160.000 y la idea es extenderlo hasta diciembre de 2022 y ampliar su cobertura a 4,1 millones de hogares.
Además, para diciembre próximo la proyección es ofrecer una ayuda adicional de $480.000 por familia para incentivar el gasto de las familias y reactivar la economía.
- Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF): Se busca subsidiar las nóminas de las empresas que tengan hasta 50 empleados. Estos giros se harán entre julio y diciembre de este año y buscan respaldar alrededor de 60.000 empresas y 400.000 trabajadores.
- Generación de empleo: La estrategia cobijará empleo para jóvenes y para personas mayores a través de un programa de apoyo a la nómina para las micro y pequeñas empresas.
A las empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 28 años el Gobierno otorgará 25% del salario mínimo mensual por trabajador. Mientras que si contratan a personas mayores y que gane hasta tres salarios mínimo mensuales, recibirán el 10% del salario mínimo.
- Matrícula Cero: Para el Gobierno esta propuesta debe convertirse en política de Estado. Para ello se definirán fuentes de financiación permanentes, pues la idea es beneficiar de entrada a más de 650 mil estudiantes de instituciones públicas de los estratos 1 y 2.
- IVA: No afectará a las clases media y vulnerables, por ello no habrá impuesto a las pensiones ni modificación en la base de renta de personas. La mayor carga la tendrá el sector empresarial.
- Sobretasa financiera: El impuesto de renta a las entidades financieras quedará en el 35% y la sobretasa en un 3%, pero solo aplicará a los bancos que en el año gravable tengan una renta tributable igual o superior a 120.000 UTV, es decir, más de $4.300 millones. La sobretasa se pagará, entonces, en dos cuotas iguales al año.
- Evasión fiscal: Se creará el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) que buscará conocer y tener registro de los beneficiarios finales de activos, es decir, para identificar a las personas que ponen su nombre para trámites.
La urgencia de aprobar el Proyecto de Inversión Social se suma a lo proyectado por el Ministerio de Hacienda con el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación que para 2022 estará aforado en más de $309 billones, y cuya radicación se hará la semana entrante.
La contrarreforma
Uno de los principales obstáculos que enfrentará a partir de mañana martes el proyecto de Ley de Inversión Social será la contrarreforma que preparan las bancadas de oposición
Se trata de la ‘Ley de Equidad Fiscal’ que busca recaudar entre $11,7 y $14 billones anuales, pero con varias diferencias del texto gubernamental.
Por ejemplo, se propone aumentar la sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras en 6% a partir del año entrante para recaudar hasta $2 billones; un impuesto a los grandes capitales que generaría entre $1billón y $2 billones al año y permanecería hasta 2025.
También un impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados con el que se recaudaría entre $1,5 y $2 billones por año; lo mismo que retención a las utilidades y pagos girados a los dueños de plataformas digitales, principalmente.
Esta contrarreforma fiscal lleva las firmas de 14 congresistas: Wilmer Leal, León Fredy Muñoz, Gustavo Petro, Inti Asprilla, Pablo Catatumbo, Carlos Carreño, Victoria Sandino, Fabián Díaz, Fabián Orduz, Abel David Jaramillo, Israel Zúñiga, David Racero, Aida Avella y María José Pizarro.