Esta semana, la Corte Constitucional dedicará el mayor tiempo en sus dos salas plenas a revisar el último tramo de los decretos con fuerza de ley que expidió el presidente Iván Duque al amparo del Estado de emergencia económica, social y ecológica, el cual declaró para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Se espera que el alto Tribunal concluya este trabajo la próxima semana.
La Constitución contempla la declaratoria por parte del Presidente de la República del Estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen con perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública.
Se puede declarar el Estado de emergencia por periodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder noventa días en el año. Mediante tal declaración, el Presidente podrá, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos motivados por el Estado de emergencia tienen control automático de constitucionalidad por parte de la Corte, así como de legalidad en lo que corresponde al Consejo de Estado.
De igual forma, el Congreso de la República durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos expedidos para conjurar la misma.
A través del Decreto 417 del 17 de marzo pasado, el presidente Iván Duque declaró el Estado de emergencia económica y social por 30 días calendario, es decir, hasta el 16 de abril, por la pandemia.
Durante ese primer Estado de emergencia, el Gobierno expidió más de 160 decretos con fuerza de ley, el último de los cuales fue el 582 del 16 de abril de 2020, por el cual se implementan medidas para proteger los derechos de los pensionados, los beneficiarios del Servicio Social Complementario BEPS y los beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión (PSAP).
La Sala Plena del alto Tribunal tiene previsto en su sala plena del próximo miércoles, decidir sobre la exequibilidad o no de los decretos legislativos 513 de 2020 acerca del ciclo de proyectos de inversiones públicas susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema Nacional de Regalías; 546 de 2020 que tiene que ver con medidas de prevención de contagio y propagación del virus Covid-19 en centros de privación de la libertad con hacinamiento y sustitución de pena de prisión, así como la medida de prisión y detención domiciliaria transitorias de personas mayores; también, el 580 de 2020 con medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
De igual forma, la Corte Constitucional se pronunciaría este miércoles sobre los decretos 576 de 2020 con medidas en el sector de juegos de suerte y azar para impedir la extensión de los efectos de la pandemia; 551 de 2020 con la exención temporal de IVA a importación de ciertos elementos y mecanismos de prevención, protección y atención de la pandemia.
Así como los decretos legislativos 558 de 2020 para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Seguridad Social, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado; y el 568 de 2020 acerca de la creación del impuesto solidario por el Covid-19 con destinación específica a la clase media vulnerable y trabajadores informales.
Segunda Emergencia
Por medio del Decreto 637 del 6 de mayo pasado, el presidente Iván Duque hizo este año uso de un segundo Estado de emergencia económica, social y ecológica para enfrentar la pandemia, en el marco del cual ha expedido más de 200 decretos legislativos con fuerza de ley.
La Corte Constitucional ya estudia los decretos del segundo Estado de emergencia, precisamente este miércoles en el orden del día está el 660 de 2020 con medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo; 688 de 2020 con medidas tributarias transitorias; 683 de 2020 con medidas relacionadas con la aprobación de los planes de desarrollo territoriales; así como el 662 de 2020 sobre la creación del Fondo Solidario para la Educación para mitigar la deserción en el sector educativo como consecuencia de la pandemia.