Como sucede al comienzo de cada legislatura, los congresistas llegan con grandes expectativas y proyectos al Capitolio Nacional. De esas iniciativas, hoy buena parte de parlamentarios coincide en que se deben hacer reformas al Congreso.

Es el caso de los senadores de la bancada del gobierno entrante, Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, y Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, y junto a ellos la representante Catherine Juvinao de Alianza Verde, quienes dieron a conocer mediante un comunicado el contenido de una primera reforma constitucional que busca transformar esta corporación en una institución transparente, diligente en el ejercicio de su labor, consultando siempre la justicia y el bien común.

La iniciativa trata de limitar la reelección indefinida de los congresistas, estableciendo un tope de tres periodos en cada Cámara. Lo que buscan con esta medida es lograr una renovación gradual del Congreso que dé lugar al surgimiento de nuevos liderazgos, y ponga fin a los parlamentarios “atornillados”, que tienden a crear redes de clientelismo y corrupción al interior de la institución. 

En otro de los apartes de la iniciativa, buscan disminuir de manera drástica el periodo de receso del Congreso de la República con el fin de ampliar el semestre de sesiones que compone cada legislatura. En otras palabras: que el primer período de sesiones se inicie el 20 de julio y termine el 20 de diciembre, lo que llevaría a que el segundo período comience el 20 enero y concluya el 20 de junio.

Debates

Otra de las intenciones del proyecto es la de ampliar el tiempo para debatir los temas que más le interesan al país. Asimismo, proponen fortalecer el ejercicio del control político que el Congreso ejerce sobre el Ejecutivo y sus entidades adscritas. 

Con respecto al prolongado receso actual, el proyecto señala que carece de justificaciones técnicas y políticas, y además es una de las principales demandas de la ciudadanía que ve como injusta la brecha entre los congresistas y la gente “de a pie”.  

Otro de los planteamientos que hace la bancada de Petro es fortalecer las causales de pérdida de investidura de los congresistas, que tiene como finalidad combatir el ausentismo parlamentario de forma decidida. De igual forma, se crearía una nueva causal por obtener cuotas o prebendas burocráticas a cambio del voto de proyectos y mociones de censura.

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Asistencia

Asimismo, la inasistencia de los parlamentarios a Comisiones Constitucionales también generaría la pérdida de investidura de los congresistas. Actualmente no es obligatorio asistir a comisiones. 

De acuerdo con lo anterior, la propuesta quiere establecer que los parlamentarios asistan a más sesiones, ya que las seis inasistencias se contabilizarán en toda la legislatura, y tengan presencia en las sesiones en las que se discuten proyectos, no solo en aquellas en las que voten los mismos, que es el criterio actual del Consejo de Estado.

La idea es que los mecanismos de lucha contra la corrupción se fortalezcan para evitar que los congresistas rompan el quórum o promuevan el ausentismo, como instrumento de chantaje al Gobierno nacional para la aprobación de proyectos.

Sin duda, Roy Barreras impulsará la iniciativa porque desde sus redes sociales ha dicho que promete recortar las vacaciones al Congreso. En uno de sus trinos escribió que este periodo legislativo será el Congreso del cambio, “trabajará a doble turno, con comisiones sesionando de manera conjunta y plenarias simultáneas, con el fin de acelerar las reformas anunciadas por el Presidente”.

A la instalación del Congreso de la República asistieron un total de 294 congresistas para el periodo legislativo 2022-2026. Son 181 parlamentarios novatos y 113 repitentes. 

Informe de la MOE

Además de esta solicitud se conoció en las últimas horas el informe de la gestión legislativa del Congreso 2018-2022 de la Misión de Observación Electoral, que puso el ojo sobre las iniciativas por la transparencia y la lucha contra la corrupción y se concentró en varios puntos:

1. Reducción de salarios para los congresistas y altos dignatarios del Estado.

2. Eliminación de tratos especiales a los condenados por delitos de corrupción.

3. Reforma al Estatuto General de la Contratación.

4. Limitación a los periodos constitucionales para ejercer diferentes cargos públicos.

5. Avance en el acceso a la información sobre la gestión y la rendición de cuentas.

6. Desclasificación de la información patrimonial de los servidores públicos.