* Arranca segundo período congresional
* Concertación y transparencia, las claves
Comienza el próximo jueves la segunda legislatura del gobierno Petro en medio de un escenario político muy distinto al que primaba un año atrás. En esa ocasión, la Casa de Nariño debutaba con una coalición parlamentaria mayoritaria, sumando centroizquierda y tres de los principales partidos de centroderecha. El Pacto Histórico, además, asumía de entrada las presidencias de Senado y Cámara. Existía, igualmente, mucha expectativa por el paquete de reformas legales y constitucionales con que el primer mandatario de izquierda empezaría a cumplir su programa, esperando que tuviera en cuenta que el país estaba polarizado y prueba de ello fue que ganó por escasos setecientos mil votos de diferencia en segunda vuelta. Finalmente, ciudadanía, partidos independientes y de oposición, así como gremios, academia y demás sectores políticos, económicos, sociales e institucionales se mostraban dispuestos a dar un compás de espera para que se empezará a aterrizar el llamado “cambio”. Esa disposición se evidenciaba en unas encuestas en las que el jefe de Estado mostraba rubros de aprobación superiores al cincuenta por ciento.
Un año después, la realidad es muy distinta. La inentendible y desgastante negativa del Ejecutivo a concertar las principales reformas llevó a que la coalición mayoritaria gubernamental se rompiera y tanto conservadores como La U sean ahora independientes, en tanto que los liberales están cada vez más lejanos de la Casa de Nariño. Adicionalmente, el Pacto Histórico sale de las directivas del Congreso, que serán asumidas por la Alianza Verde y las toldas rojas. Si bien el Parlamento aprobó en la primera legislatura iniciativas claves, como la reforma tributaria más alta de la historia, el ajuste a la ley marco de la política de paz y el Plan Nacional de Desarrollo, las controvertidas reformas política, laboral, carcelaria y de sometimiento a la justicia se hundieron, en tanto que las de salud y pensional apenas si avanzaron a segundo debate en medio de fuertes discusiones por su contenido y alcances.
A todo lo anterior debe adicionarse, que hay un creciente clima de desconfianza y prevención en muchos sectores del país por la accidentada gestión gubernamental, una lesiva y anacrónica ideologización de la agenda, la estatización de servicios y otras actividades, las avanzadas contra el sector privado, tal y como la insistencia en desconocer al medio país que no votó por este Ejecutivo. Si a esto se le suma la racha de escándalos, el alud de anuncios polémicos, las pocas realizaciones y crisis como la de seguridad y orden público, se entiende el porqué de la caída drástica de la imagen y favorabilidad presidencial.
Visto ese grave contraste entre lo que ocurría un año atrás y el complejo escenario con que arranca esta segunda legislatura, es evidente que lo que el país espera es que haya voluntad real del Gobierno para corregir el rumbo. Y ello empieza, necesariamente, por cambiar el procedimiento para impulsar la agenda de proyectos de Senado y Cámara, más aún porque a las ya complicadas iniciativas en curso se sumarán otras igualmente delicadas como las reformas a la educación superior, el Código Minero o la ley marco de servicios públicos.
La Casa de Nariño, en minoría parlamentaria, debe entender que, si no aboca una concertación real y efectiva de los proyectos y hace eco a la multiplicidad de alertas sobre los riesgos de las propuestas oficialistas, estas se hundirán o serán ajustadas por el grueso de los partidos. Para destrabar el ritmo legislativo es crucial, además, que el Ejecutivo y los ministros no sigan tratando de lesionar la autonomía del Congreso, que cesen las maniobras espurias para interferir en la disciplina partidista y que el propio presidente de la República desista de la peligrosa, desinstitucionalizadora y fallida estrategia de llamar a sus bases populares para lanzarse a las calles a presionar al Legislativo.
Esa corrección también debe darse en procesos como la nueva elección del Contralor General. Los vicios de forma y fondo en la escogencia del titular del ente fiscal en agosto del año pasado determinaron su anulación por el Consejo de Estado.
Se requiere, por igual, que las nuevas mesas directivas den garantías a todos los partidos y bancadas, sin más ‘jugaditas’ ni maniobras torticeras para saltarse el reglamento y la voluntad de las mayorías. Del mismo modo, urge un Congreso más conectado con las crisis y realidades nacionales, como el pico de criminalidad, el escenario violento de la campaña electoral, la descolgada económica o el impacto del fenómeno del ‘Niño’, entre muchas otras. Los debates de control político deben ser más argumentados y menos politizados, en tanto que debe recuperarse la altura del tono y las formas parlamentarias …
Solo así, el Congreso podrá corregir el rumbo y responder a las expectativas de una opinión pública cada vez más desconfiada y decepcionada de esta rama del poder público.