* Un balance con altas y bajas
* El reto del nuevo Legislativo
Finalizado ya el mandato del Congreso saliente es claro que el balance bien podría enmarcarse dentro del eterno dilema de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Fueron cuatro legislaturas marcadas por la crisis sanitaria, económica y social más grave de las últimas décadas: la pandemia.
Para no pocos analistas, dicha emergencia prácticamente imperó sobre más del 50% del periodo legislativo, condicionando sustancialmente la agenda e incluso mostrando en no pocos casos a un Parlamento en rol pasivo, casi de espectador frente a un Ejecutivo que llevó las riendas y fijó los ritmos del plan de contingencia para enfrentar el duro coletazo del covid-19.
Es claro, igualmente, que a lo largo de las cuatro legislaturas las grandes reformas estructurales brillaron por su ausencia, y la mayor prueba de ello fue la campaña presidencial que acaba de terminar, en donde todos los competidores planteaban que enviarían al Senado y Cámara elegidos en marzo pasado sendos proyectos de ley y actos legislativos para aplicar reingenierías en materia política, electoral, judicial, pensional, laboral, ambiental, tributaria, de salud, anticorrupción, de autonomía regional, defensa y seguridad… De hecho, el gobierno del presidente electo Gustavo Petro tiene una amplia agenda al respecto.
No menos preocupante resulta para el balance del Congreso saliente la forma en que la Corte Constitucional continuó prácticamente que ‘legislando’, vía fallos y jurisprudencia, en temas de alto impacto que son claramente competencia legislativa, pero en los que senadores y representantes no tomaron decisiones de fondo y determinantes.
En cuanto a la aplicación del Estatuto de Oposición, que debutó en 2018 como marco normativo para garantizar el respeto y accionar a los partidos contradictores del gobierno de turno, el balance es claroscuro. Para algunos analistas es innegable que en los últimos cuatro años hubo más garantías, margen de acción política y visibilidad para las bancadas críticas de la Casa de Nariño, pero otros observadores señalan que, por el contrario, dicho marco estatutario demostró, en la práctica, ser insuficiente para facilitar un control político efectivo al Ejecutivo de turno. Una prueba de ello es que si bien hubo récord en debates de moción de censura a ministros en este cuatrienio, las mayorías parlamentarias gobiernistas e independientes siempre se impusieron.
La productividad legislativa también es otro tema que permite distintas ópticas. Un informe de esta semana señalaba que durante el cuatrienio se radicaron un total de 2.319 proyectos, de los cuales solo 267 se convirtieron en Ley de la República, en tanto 1.784 fueron archivados y 268 quedaron pendientes para el próximo período. Hubo nueve reformas constitucionales avantes. Es decir, que el Parlamento saliente tuvo una tasa de aprobación legislativa del 11,5%. También se trae a colación la cantidad de errores de forma y fondo cometidos en la hechura legislativa, lo que conllevó a que reformas clave como la de cadena perpetua a asesinos y violadores de menores, el ajuste al Código Electoral o la Ley de Garantías Electorales cayeran en la revisión constitucional.
Sin embargo, quienes defienden la labor del Senado y Cámara que termina sostienen que la productividad no se puede medir cuantitativa sino cualitativamente. Es decir, por la calidad de las leyes y actos legislativos aprobados. En ese marco, resaltan normas como la ley de seguridad ciudadana, la reforma al estatuto policial, la ley de acción climática, la de transición energética, las dos reformas tributarias, los programas sociales y subsidios que se volvieron permanentes, los ajustes al régimen departamental, la creación del área metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la categorización de ciudades capitales, el ajuste al Sistema Nacional de Regalías, la reforma a los regímenes fiscal y disciplinario, la depuración normativa, más normas anticorrupción, reglamentación del trabajo a distancia, la desconexión laboral, alivios a créditos del Icetex, más castigos por delitos ambientales, ‘borrón y cuenta nueva’ para deudores morosos, política de insumos agropecuarios, activación de dos ministerios, estatuto de fronteras, internet como servicio público esencial…
En lo que hace a la depuración del Congreso, que continúa siendo una de las instituciones públicas más desprestigiadas, es claro que no se avanzó en la rebaja salarial, recorte de vacaciones ni disminución de curules, pese a que la opinión pública lo exigió reiteradamente.
Así las cosas, bien se puede concluir que el Parlamento que terminó su cuatrienio tuvo puntos altos, pero también muchos bajos. Ojalá el que se posesionará el 20 de julio, con un mapa político muy distinto, derive lecciones aprendidas de su predecesor y corrija el camino, no solo desde el punto de vista de la productividad legislativa, sino de control político más efectivo, transparencia en procesos eleccionarios y sintonía con las urgencias y problemáticas ciudadanas. El tiempo dirá si podrá sacar avante este desafío.