POCAS, pero profundas, claves y de clara implicación en los fundamentos constitucionales son las modificaciones que el comité de expertos plantea en el borrador del nuevo proyecto de Constitución para Chile, que el martes empezará una nueva fase con la revisión del Consejo Constituyente.

La mayor diferencia tanto con la actual Carta Magna (que data del régimen de Augusto Pinochet aunque ha tenido varias reformas) y la propuesta derrotada en las urnas el pasado septiembre, es que ahora específicamente se establece que Chile “se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

Así elimina que dicho país es “plurinacional, intercultural, regional y ecológico… “se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria”, que si bien buscaba un reconocimiento constitucional específico a los pueblos indígenas “y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley”, fue la que generó mayor rechazo ciudadano en el referendo pasado.

Vale recordar que en el primer capítulo de esa propuesta rechazada se establecía que “el pueblo de Chile está conformado por diversas naciones y se reconoce la coexistencia de diversos pueblos en el marco de la unidad del Estado”, al igual que el “Estado es laico y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país”. 

La comisión de expertos no desconoce a los pueblos indígenas, los define, en otro artículo del mencionado capítulo “como como parte de la nación chilena, que es una e indivisible" y enfatiza que “el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Lo que si excluyeron fueron otras normas muy cuestionadas respecto a este sector poblacional, puntualmente las que establecían un pluralismo jurídico, consagradas en el anterior texto constitucional en artículos como éste: “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho de libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de Justicia”.

Estos dos hechos específicos, eliminar de la base constitucional que Chile es un país plurinacional y el establecimiento de un marco jurídico propio para los indígenas son dos de los mayores avances de la nueva propuesta y, como destacada Javier Couso, constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), “es fundamental relevar el gigantesco cambio procedimental que se da frente a la actual Constitución que fue impuesta por la pasada dictadura y en un plebiscito fraudulento (en 1980)”.

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Según el también constitucionalista Patricio Zapata, la definición de ‘Estado social de derecho’ seo restablece dicho concepto -interrumpido con el golpe de Estado de 1973- y que, se suyo, establece cuáles, cuántas y hasta donde van las responsabilidades del Estado. “Hoy tenemos uno que tiene pocas, aunque importantes, como cierta autonomía, derecho de propiedad, libertad de asociación, libertad de expresión, derecho a elegir en un conjunto de terrenos económicos. Pero cuando llegan los problemas de la subsistencia, el Estado dice: eso es lo mío. Eso lo tiene que proveer la economía y el crecimiento económico”.

Otros cambios

En ese trascendental primer capítulo el texto de los expertos también contempla que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización”.

El anteproyecto de los expertos hace otras importantes modificaciones en aspectos sociales y políticos. Uno de la más destacada es la férrea defensa del derecho a la vida, en contraposición con el pasado texto que consagró el derecho al aborto con un artículo que rezaba “Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”. Fue éste otro de lo que motivó al mayoritario rechazo en las urnas.

Se reitera en el nuevo texto que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero agrega que “es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento”.

Otro gran paso es que se establecen varios derechos fundamentales entre ellos: acceso al agua, a tener una vivienda adecuada, la libertad del trabajo, su producción y hasta el derecho a la protesta sindical.

El nuevo texto modifica la normativa vigente consagrando “el derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación que comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en cuanto tal”. Y, en cuanto a la protesta laboral establece en el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.

Participación política

El anteproyecto destaca por promover una mayor participación ciudadana en la política para fortalecer la democracia y fija tanto derechos como deberes de éstos y los partidos.

Tras limitar la reelección presidencial a solo dos períodos y respaldar el sistema bicameral en el Congreso (Senado y Cámara), establece mecanismos de participación directa. Así, por ejemplo, hay un artículo que establece que con un umbral del 4% del último padrón electoral, la ciudadanía puede presentar un proyecto de ley y que con 3% -también de dicho censo- se pueda plantear la revocación de una ley o parte de ella, aunque su aprobación o rechazo se dará en referendo.

De antemano se sabe que hay dos artículos que generan polémica: el que establece un piso del 5% de apoyo ciudadano para conformar un movimiento o partido político y el que consagra el deber de los hijos "de respetar a sus padres, madres y ascendientes, y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos los necesiten".

En este borrador de los expertos también destaca el ítem que establece el agua como un derecho constitucional que reza “Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras” y que es diametralmente opuesto al vigente que establece “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

Y si bien en el frente medioambiental se han hecho varias reformas a la Carta actual, estableciendo el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, la nueva propuesta es más ambiciosa ya que determina las obligaciones del Estado y los deberes de los ciudadanos en el tema.

Así, en varios artículos contempla, entre otras cosas, que “es deber del Estado el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo, considerando a las actuales y futuras generaciones”, y que “el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna y justa, ante los efectos del cambio climático.

Como reseñamos están son las mayores, pero no las únicas modificaciones del texto que los 24 expertos entregaron esta semana al Consejo constituyente, que integrado por medio centenar de convencionistas elegidos por voto popular tendrán seis meses para redactar el texto final, el que será sometido en diciembre a plebiscito.

Si bien dicha comisión reconoció, a través de su presidenta, la abogada Verónica Undurraga que aunque “No es la Constitución soñada, es una bajo la que todos sentimos que podemos convivir y aceptable para todas las sensibilidades del país”.

De esta forma, al cumplirse medio siglo del golpe de Estado (11 de septiembre), se abre la segunda etapa de este proceso para dotar a Chile de una Carta Magna que, como destacan políticos y expertos, dé vuelta definitivamente a esa página de su historia.