La verdad sea dicha, se trata de la propuesta política que ganó el plebiscito y que dos años después, triunfó en las elecciones presidenciales

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Para bien o para mal, la propuesta del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (de revisar lo acordado en La Habana) devolvió la polémica sobre lo pactado con las Farc al 2 de octubre de 2016, cuando el 50,21% de los electores votó no en el plebiscito, imponiéndose al 49,78% que dijo sí a lo negociado.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, despojándose de su investidura, le dijo a la plenaria del Senado que se atrevía a proponer que se evaluara “si conviene o no hacer algunos cambios hacia adelante, sin afectar siquiera el texto del acuerdo”.

“Yo humildemente digo con toda claridad que sí es bueno abrir esa posibilidad”, sostuvo Trujillo, trayendo a colación lo ocurrido con el plebiscito para argumentar que “los colombianos que acudieron ese día a las urnas, todos se manifestaron a favor de la paz. Unos sobre la base del texto firmado, otros buscando modificaciones al acuerdo. Eso fue lo que hicimos”.

Como se puede ver, no solo el ministro Trujillo no propuso un ajuste unilateral del acuerdo, sino que apeló a la propuesta política que ganó el plebiscito y que dos años después, triunfó en las elecciones presidenciales.

Con todo, el expresidente Juan Manuel Santos en entrevista con el diario El Tiempo calificó lo dicho por Trujillo como una “insensatez”.

De modo que quienes defienden (no de ahora) modificaciones a lo acordado, reaccionaron reivindicando las banderas que han ondeado todo este tiempo.

Por ejemplo, el senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, señaló que “al ganar el plebiscito se negó toda la farsa de La Habana, Colombia dijo no y el ‘nobelbrecht’ se robó el resultado para imponer su acuerdo de impunidad. Insensato es que ahora meta sus narices para impedir que el país corrija un error tan costoso”.

En igual sentido se manifestó el senador Fernando Nicolás Araújo, también del Centro Democrático, quien no cree “en cláusulas pétreas ni en acuerdos inmodificables, ni hay que pedirle permiso a las Farc para modificar la Constitución”, pero por otra parte cree “en la división de poderes y en este momento, cualquier modificación del acuerdo se tiene que tramitar en el Congreso”.

Otro integrante de la bancada uribista, el senador Ernesto Macías, precisó que el presidente Iván Duque, “así lo quiera, no puede modificar unilateralmente unos acuerdos que dejaron atados a la Constitución”.

Efectivamente, el Gobierno ya intentó cumplir lo prometido durante la campaña presidencial, concretamente, con las objeciones a la ley que reglamentaba la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero no tuvo la gobernabilidad suficiente para lograrlo.

De hecho, el Gobierno y su bancada intentaron buscar un acuerdo político, proceso en el cual se produjo la inédita reunión del expresidente Álvaro Uribe y voceros de todas las colectividades, con asiento en el Congreso, incluyendo a los del partido Farc.

¿Qué es todo eso sino la búsqueda de una acción bilateral (entre el sí y el no) para ajustar lo acordado?

Suspicacia

Pero en la oposición, lo expuesto por Trujillo se ha mirado con gran suspicacia.

La representante Ángela Robledo, de Colombia Humana, trayendo a colación que el primer blanco para ajustar los acuerdos fue la JEP, sostuvo que “aquí parece haber miedo a que se sepa la verdad, especialmente, del surgimiento del paramilitarismo en Colombia".

Apelando a los mal llamados ‘falsos positivos’, otro tema delicado dentro del conflicto armado, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, declaró que “para impedir esa verdad, el uribismo pretende hacer trizas el acuerdo y su sistema de justicia transicional”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, recordando afirmaciones de Miguel Ceballos sobre la inclusión de Cuba en la lista de gobiernos que no cooperan con la lucha antiterrorista, apuntó que “algo le debe decir al país sobre la política de este Gobierno en materia de paz que las propuestas sobre la implementación del acuerdo final las haga el Ministro de Defensa, y las acciones que incrementan el conflicto armado las haga el Alto Comisionado para la Paz”.

En cuanto a los directamente afectados con cualquier cambio en los acuerdos, el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), se preguntó “¿cuál es el miedo a que nosotros participemos de la democracia, incluso con unas reglas que no nos favorecen? No pudieron derrotarnos con la ayuda de Estados Unidos ni Israel y hoy quieren sabotear el acuerdo de paz”.

Luis Alberto Albán (Marco León Calarcá), representante a la Cámara por la colectividad que dirige Londoño, acusó al Gobierno y su partido de seguir “maniobrando para hacer trizas el acuerdo, sin decirlo”, estimando que lo planteado por el ministro Trujillo busca “evadir los debates y los justos cuestionamientos a su gestión y al errático proceder del Gobierno”.

Futuro

Pero si la oposición no escuchó bien al ministro Trujillo, la bancada de gobierno parece haber hecho lo mismo con el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, cuando expuso que el Ejecutivo no está pensando en modificar los acuerdos.

“Ninguna de las garantías que se ofrecieron a los excombatientes de las Farc va a ser modificada”, explicó Archila, indicando que el presidente Duque “anunció modificaciones constitucionales para que rijan a futuro, aplicables a otros procesos que se puedan dar eventualmente”, juzgando que como “nosotros estamos haciendo una política de paz, necesitamos que se deje de hacer política con la paz”.

Ante esto, el senador Mejía consideró que “las promesas de campaña son para cumplirlas. El pueblo colombiano votó para acabar la impunidad del acuerdo perverso Santos-Farc. Hoy todos somos testigos de los incumplimientos y mentiras de estos narcoterroristas”.