* La cruzada colombiana contra deforestación
* Biodiversidad, asunto de seguridad nacional
Una de las metas más ambiciosas del Plan Nacional de Desarrollo de este cuatrienio gubernamental es, sin duda alguna, la siembra de más de 180 millones de árboles. Faltando tres meses para el relevo en la Casa de Nariño ese objetivo, fijado para cumplirse al final de este año, avanza a buen ritmo. De hecho, culminó el viernes pasado el llamado “Gran Sembratón Nacional”, realizado entre el Día de la Tierra (22 de abril) y el Día del Árbol (29 del mismo mes). Más de 4,1 millones de especies nativas se plantaron en diferentes regiones, en un esfuerzo conjunto de ministerios, corporaciones autónomas regionales, alcaldías, gobernaciones, empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas, Fuerza Pública y ciudadanía en general.
Así las cosas, ya se han sembrado más de 120 millones de árboles y la meta gubernamental es que a diciembre se completen los 60 millones faltantes.
Resulta innegable que en la última década Colombia ha desarrollado una cruzada sin antecedentes, no solo para combatir la deforestación sino para preservar su estratégica biodiversidad en bosques, ya sea ampliando de forma sustancial la extensión de áreas naturales en todo el país o implementando la siembra de una gran cantidad de árboles año tras año.
No ha sido una tarea fácil, pero hay resultados positivos. El ritmo de destrucción de bosques disminuyó en los últimos años, sobre todo en la Orinoquía y Amazonía. De igual manera, la “Operación Artemisa” ha permitido una ofensiva frontal contra las mafias, grupos armados ilegales y particulares que se dedican a la tala ilegal de árboles, ya sea para explotar la madera, multiplicar los narcocultivos, abrir trochas para la minería criminal o ampliar de forma ilícita la frontera agrícola, la ganadería extensiva o incluso la urbanización de estas áreas de nodos ecosistémicos de alta sensibilidad. Para este combate ha sido clave la Ley de Delitos contra el Ambiente que agravó las penas contra todas estas conductas. A ello se suman nuevos sistemas de monitoreo y vigilancia en tiempo real, como Covima 2.0 o el Puesto de Mando Unificado Ambiental, herramientas que permiten a las autoridades reaccionar con más rapidez.
Es evidente, igualmente, que tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los mandatos bajo la órbita de la OCDE y el Pacto de Leticia como en las metas de reducción de gases de efecto invernadero y el avance hacia la carbono neutralidad -estos dos últimos al tenor del Acuerdo de París-, nuestro país se ha comprometido a metas bastante audaces a corto, mediano y largo plazos. Una parte importante de ese objetivo, como es apenas obvio, se basa en una efectiva protección de los bosques, su biodiversidad, el blindaje a la cuenca amazónica, la ampliación de áreas protegidas, un sistema de control de incendios más eficaz, así como la crucial reconversión de la agroindustria hacia el desarrollo sostenible y el incremento de fuentes de energías limpias, entre muchas otras medidas.
Obviamente esta es una cruzada de largo aliento. Falta mucho por hacer. Afortunadamente la comunidad internacional ha venido aumentando -aunque todavía con timidez- su financiación y colaboración técnica y humana en la preservación de la riqueza forestal colombiana. Hay un mayor compromiso de gobiernos, sobre todo europeos, así como de Estados Unidos, en este flanco, no solo en cuanto a las áreas de alto impacto de deforestación en el suroriente del país, sino en otras zonas de cordillera, páramos, bosque altoandino y bosque húmedo tropical principalmente.
Un tema clave en todo este esfuerzo se refiere a la estrategia de negocios verdes, cuya rentabilidad en Colombia poco a poco se está abriendo paso. De hecho, cifras oficiales calculan que cerca de 100 mil empleos se generan por la siembra de árboles y otras actividades derivadas de la protección de la riqueza ambiental y emprendimientos de desarrollo sostenible a distinta escala. Incluso se estima que se estarían moviendo al año no menos de 700 mil millones de pesos en turismo de naturaleza, agrosistemas sostenibles, cultivos orgánicos, aprovechamiento de residuos, artesanías y viveros, entre otras iniciativas. Una estrategia en donde no solo es clave la ampliación a más de 17 millones de hectáreas de áreas protegidas, incluyendo los Parques Nacionales Naturales, sino otros proyectos y políticas sobre gobernanza forestal, economía circular y agroindustria sostenible. En fin, una hoja de ruta realista hacia la bioeconomía como el norte de desarrollo colombiano.
Visto todo lo anterior se entiende la importancia crucial del programa para sembrar 180 millones de árboles en este cuatrienio (pese a la contingencia pandémica) y la positivo que resulta que solo falten 60 millones en ese objetivo. No es para menos, si se tiene en cuenta que la riqueza ambiental, de bosques e hídrica fueron elevadas a asunto de seguridad nacional, con todo lo que ello implica.