En riesgo estaría la alimentación de más de 1,4 millones de estudiantes del país como consecuencia de los retrasos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la reducción de la cobertura en los contratos suscritos, así lo reveló el miércoles la Procuraduría General de la Nación.
En ese sentido, el Ministerio Público reactivó el Comité Especial para el Programa de Alimentación Escolar (CEPAE), que trabajará en la articulación de las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención con el fin de garantizar los derechos constitucionales a la educación y la alimentación equilibrada de los niños, niñas y adolescentes.
La @PGN_COL reactiva comité especial de seguimiento al #PAE ante posible vulneración de derechos de 1.4 millones de estudiantes.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 31, 2021
📝 https://t.co/DmKMDnIsD9 pic.twitter.com/H3f5P0A36E
Además, como parte de las acciones de vigilancia preventiva al PAE, el órgano de control creó un índice multidimensional sobre vulneración del derecho a la educación en la infancia y la adolescencia para identificar las entidades territoriales con mayores problemáticas de este tipo.
Entre estas, la Procuraduría resaltó los casos relacionados con las bajas tasas de cobertura en educación, el ausentismo escolar, la deserción, la reprobación, la inasistencia, la mortalidad por desnutrición y los bajos puntajes en las pruebas saber.
Con base en los resultados arrojados por este índice, el órgano de control elaboró una metodología para la vigilancia preventiva al PAE, la cual será inicialmente implementada en diez municipios mediante un trabajo articulado con las procuradurías regionales, distritales y provinciales.
Por lo tanto, estas entidades de cada territorio deberán garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a los menores beneficiarios del programa, así como el cabal cumplimiento de los objetivos previstos por el mismo.