* La barbarie, respuesta reiterada del Eln
* Urge ajustar política de paz y seguridad
No se puede buscar la paz con quien no quiera alcanzarla. Esa bien puede ser la conclusión no solo del actual proceso de negociación con la guerrilla del Eln, sino también de otras tratativas que gobiernos pasados trataron de sacar adelante con esa facción subversiva.
El asesinato ayer de nueve militares en la región del Catatumbo en Norte de Santander se suma a la larga lista de infamia y barbarie protagonizada por esa organización criminal cada vez que se sienta a la mesa para vislumbrar la posibilidad de una salida pacífica al conflicto armado. Pareciera que el ‘Comando Central’ de esa organización criminal entiende los procesos de paz como un desafío para demostrar a la contraparte cuántos asesinatos, atentados, masacres, secuestros y ataques a la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura es capaz de perpetrar.
Ya en el mandato Duque habían procedido en esa dirección cuando obligaron a romper definitivamente el, por entonces, suspendido proceso de negociación que venía de la administración Santos. Como se recuerda, un comando del Eln perpetró un atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en la capital del país, segándole la vida a más de 21 personas, la mayoría de ellos alumnos desarmados y que, por lo tanto, no podían ser sujetos de una acción militar legítima, tal como lo indica el Derecho Internacional Humanitario, paradójicamente una norma que esa guerrilla siempre ha promulgado que acata, pero en la mayoría de sus acciones lo que prima es la barbarie y la inhumanidad.
De hecho, en el caso del gobierno Petro la actitud beligerante de la cúpula elena supera a la de anteriores procesos. No solo han descalificado de forma permanente la estrategia de “paz total”, sino que en los últimos meses, casi que de forma paralela a los ciclos de negociación en Caracas y México, su accionar delincuencial ha aumentado de forma superlativa, hasta llegar al asesinato ayer de nueve militares en El Catatumbo, el más grave hecho de orden público en lo que va corrido de esta administración.
Pese a que ayer varios sectores le urgieron a la Casa de Nariño que rompiera el proceso de negociación, lo cierto es que el Gobierno señaló que los diálogos no se congelarían como tampoco habría un levantamiento de la mesa. Lo que se hizo fue convocar para el lunes -cuando lo lógico era hacerlo con carácter de urgencia para esta misma semana dada la gravedad de lo ocurrido- a la delegación gubernamental y países garantes y acompañantes de las tratativas.
Si bien es cierto que no se ha pactado entre las partes un cese el fuego (al comienzo del año el Presidente lo alcanzó a anunciar, pero la guerrilla lo desmintió), resulta claro que no se puede construir un clima de confianza en la mesa como tampoco allanar respaldo nacional e internacional al proceso, si la respuesta de la facción subversiva es la barbarie y la masacre. Más aún porque no se puede negar que la mano tendida de la administración Petro ha sido muy amplia en cuanto a avanzar rápidamente en el reconocimiento del estatus político al Eln, el levantamiento de las órdenes de captura y otra serie de exigencias sobre agenda y metodología del proceso, así como en cuanto a las formas de participación de la sociedad civil en los diálogos… Todo ello en aras de dar dinamismo a la mesa y poder abocar con carácter prioritario asuntos como el cese el fuego u otras medidas de desescalamiento de las hostilidades.
Por ahora es arriesgado vislumbrar qué puede pasar en la reunión del próximo lunes. Sin embargo, como lo advirtieron ayer desde distintos sectores nacionales, el duro golpe al Ejército en el Catatumbo es una evidencia más del grave y progresivo deterioro del orden público y la seguridad en el país. Hay falencias innegables en este flanco, como quedó demostrado en el debate del martes pasado en la plenaria del Senado, a donde fue citado el Ministro de la Defensa. Es evidente que la implementación atropellada de la política de “paz total” ha afectado peligrosamente la operatividad de las Fuerzas Militares y de Policía. También, como se demostró en el caso del ‘Clan del Golfo’, que los grupos ilegales se están aprovechando de la mano tendida de la Casa de Nariño, ya que lejos de disminuir su accionar delincuencial, lo han aumentado de forma sustancial. Los civiles y los propios uniformados han quedado en medio de esa complicada coyuntura.
Es urgente, por tanto, que el Gobierno corrija sus políticas de paz y de seguridad. En las dos hay graves falencias, que no solo están costando vidas de inocentes, sino poniendo en peligro la legitimidad estatal, la aplicación del principio de autoridad y el imperio de la ley y el orden.