Revocar la decisión de admitir al exsenador Álvaro García Romero pidió la Procuraduría General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ese sentido, instó a rechazar su sometimiento a ese sistema de justicia transicional.

El Ministerio Público recordó que García era un comandante paramilitar y que, por tal razón, la única posibilidad de admitirlo en la JEP es si hubiese participado indirectamente en el conflicto, colaborado o financiado estructuras ilegales en calidad de tercero, situación que no aplica en su caso.

Asimismo, indicó que en los compromisos expresados por el exsenador no hay elementos nuevos, así como tampoco se evidencia que aporte una verdad que contribuya a la reparación concreta de las víctimas por las que fue condenado, sino que, por el contrario, toda su colaboración se dirige a una reparación inmaterial y abstracta.  

Por lo tanto, para la Procuraduría, el componente restaurativo propuesto por García Romero no satisface de ninguna manera el test de verdad.

"Es cuestionable que el compareciente va a develar el funcionamiento de las estructuras paramilitares, cuando ha sido reiterada la negativa de su reconocimiento como miembro orgánico paramilitar", puntualizó el órgano de control.

Cabe recordar que Álvaro García Romero fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en Carmen de Bolívar, y por el homicidio en 1997 de la testigo electoral Georgina Narváez, en San Onofre, Sucre.

El 14 de octubre del año 2000, unos 80 paramilitares, al mando de Rodrigo Mercado, alias "Cadena", llegaron hasta el remoto caserío de Macayepo, departamento de Bolívar y asesinaron a 15 personas con machetes, piedras y garrotes.