Humberto de la Calle le aclaró a EL NUEVO SIGLO que en este momento es un senador independiente, mientras el Consejo Nacional Electoral resuelve su caso de la expulsión del Partido Verde Oxígeno. En tanto, habló de la reforma a la salud, a la que le ve algunos puntos buenos, pero sobre la cual tiene muchas inquietudes, entre ellas su financiación y lo que diga la Corte después de aprobada.

EL NUEVO SIGLO: Técnica y legislativamente es posible atacar temas estructurales de un proyecto ordinario sin afectar el núcleo de la reforma. La decisión de sacar los artículos estatutarios no va a permitir una reforma de fondo ¿usted qué opina al respecto?

HUMBERTO DE LA CALLE: Reafirmo que estamos ante una ley estatutaria. El mismo proyecto dice que es un cambio estructural, un cambio integral del sistema de salud. Esto es indiscutible. Por ejemplo, hoy uno busca su cita médica en la EPS que ha escogido libremente, que usted puede cambiar. En el proyecto el acceso es a través de los Centros de Atención Primaria (CAP) en las localidades donde la persona viva, en grupos de 20 a 25 mil habitantes; eso es un tema que modifica totalmente el acceso. Supongamos que esta fórmula es mejor que la actual, pero es un tema que toca integralmente en su esencia el derecho a la salud. Lo otro es que hoy hay un aseguramiento que proviene de entidades privadas que son las EPS; aquí el Estado asume el aseguramiento, lo cual es un cambio total del sistema. Por eso estamos ante una ley estatutaria.

He oído que hay quienes sostienen que los temas estatutarios los van quitando en el curso de la discusión. A mí francamente me parece un poco extraño ese procedimiento, porque es como quitarle al huevo la yema. La naturaleza de la ley no puede estar sujeta a una metamorfosis como la de Franz Kafka. Si quieren aligerar el proyecto es el Gobierno, que es el autor, el que debe retirar de entrada a aquellos temas estatutarios, pero el problema es que esto con seguridad termina desfigurando totalmente una ley, que entonces va a quedar absolutamente lisiada.

ENS: ¿Lo mejor de pronto no era esperar y presentar una reforma estructural con cambios de fondo para que se debatiera?

HDLC: Clarísimo, es lo que hemos venido reclamando y por eso la discusión en sesiones extraordinarias me parece que implica como un cierto acelere, un afán desmesurado del Gobierno por sacar una reforma de tanta importancia. La señora ministra ha dicho que ella ha venido socializando este proyecto desde hace mucho, y es cierto que ha tenido reuniones, pero el articulado apenas se conoce. Entonces uno como congresista pide reflexión, tiempo para examinar, ya que no fue posible examinarlo antes. Yo le diría a las directivas de Senado y Cámara que ojalá nos permitan deliberar con tranquilidad sobre algo tan importante.

ENS: ¿A partir de las reformas que está presentando el Gobierno usted cree que se está modificando el Estado Social de Derecho que proyectó la Constitución del 91?

HDLC: La propia Corte Constitucional ha dicho que en materia de Estado Social de Derechos, de derechos fundamentales, es necesario ir siempre hacia adelante y aquí es cómo conecta esto con el tema de la financiación. Un grupo de congresistas le dirigimos ayer una carta al ministro Ocampo para esclarecer si los costos de esta reforma se acomodan o no a la regla fiscal. El propio proyecto en su exposición de motivos dice que va a ser necesario invertir entre el 2024 y el 2033, en 10 años, dijéramos el 50% más de lo que se invierte hoy en salud y eso puede ser necesario. Esa discusión hay que darla con cuidado, pero la pregunta es: ¿y las fuentes de esa financiación, si aguantan ese flujo de recursos que es importante? Le voy a poner ejemplos: la reestructuración de la Adres, según la misma exposición de motivos, cuesta entre un billón y tres billones de pesos. Los centros de atención primaria cuestan $24 billones.

Ahora, en materia laboral es muy justa. Yo sí creo que ese es uno de los elementos esenciales: mejorar la situación laboral de los servidores de la salud, pero por ejemplo para formalización se habla de $9 billones, no se dice si es anual o en cuánto tiempo.  Para formación de personal $15 mil millones; para instituciones de educación superior $22 mil millones. En cambio, en una cantidad de 10 líneas que implican más gasto público ni siquiera se hace una valoración aproximada de cuánto es su costo; por ejemplo, la desaparición de los copagos o cuotas moderadoras, que me parece absolutamente justo, pero no nos indica el proyecto cuánto puede valer eso. Por lo tanto, esperamos a que el ministro Ocampo, que es el guardián de la regla fiscal, nos explique si esta reforma es viable así como está.

ENS: ¿Tiene legalidad que los presidentes de la Cámara se reúnen para definir si es ordinario o estatutario el proyecto?

HDLC: Lo que diga la Corte es impredecible, aun cuando, repito, mi posición en esto es sólida. Pero por lo menos el Gobierno debería admitir que hay un riesgo de que mañana se caiga esto en la corte. Esta ley va a llegar de todos modos a la Corte, porque si no es estatutaria y la aprueban va a ser demandada. Entonces, ¿cuál es el afán?, cuando lo que le conviene a Colombia es que la discutamos.

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ENS: ¿El Gobierno tiene las mayorías para sacar una reforma de estas características?

HDLC: En principio sí. Lo que vimos en la legislatura pasada es que la coalición es muy fuerte, pero también hay un grupo de congresistas preocupados, el documento en el cual sostuvimos que era ley estatutaria fue firmado por 25 congresistas de muchos partidos y de varias comisiones. La solicitud al ministro Ocampo la estamos firmando unos 16 congresistas. Esto que estamos diciendo no es un acto de oposición. La ley tiene cosas muy buenas: sí hay unas regiones apartadas de Colombia donde la situación es muy inequitativa, sí se necesita mayor inversión, sí se necesita mayor dignidad de los servidores, sí se necesita salud preventiva y prospectiva, pero hay que discutirlo.

ENS: ¿El Gobierno debió elevar una consulta al Consejo de Estado usted lo vio lo ve necesario o no?

HDLC: Las consultas al Consejo de Estado no son obligatorias, pero sí podrían iluminar esta discusión que no tiene, repito, el sentido de mortificar a nadie ni de impedir según la discusión de una ley que tiene cosas buenas, sino evitar sorpresas posteriores. No nos debe pasar, como ha ocurrido con varias leyes, que después de una larga discusión nos llevamos la sorpresa de que la ley se cayó porque era estatutaria; por razones semejantes se cayó el Código Electoral.