UN DEBATE de marca mayor empezará en el Congreso una vez el gobierno Petro radique la próxima semana o la subsiguiente el proyecto de ley que plantea las nuevas reglas para el sometimiento a la justicia de las estructurales criminales multicrimen, tipo ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachenca’ o las propias reincidencias de las Farc, que se hacen llamar la 'Nueva Marquetalia' y están bajo el mando del ex jefe negociador alias "Iván Márquez".

Como se sabe, a estas facciones, con las cuales el gobierno Petro tiene vigentes sendos acuerdos de cese el fuego desde el 1 de enero, no se les reconoce estatus político alguno y, por tanto, tienen que ser juzgadas por la justicia ordinaria y no por la transicional, como sí ocurrió en el caso de las Farc (que es procesada bajo los cánones de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP) o podría pasar con el Eln o las disidencias de las Farc, organizaciones a las que el Ejecutivo sí cataloga como subversivas. De hecho, con el primero ya hay una mesa de negociación y con las segundas acaba de acordar un protocolo puntual de cese el fuego.

El proyecto, explicado esta semana por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, así como por el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) y el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz (Pacto Histórico), plantea a grandes rasgos un esquema de “sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, que contempla penas efectivas de cárcel sin descuentos ni redención, el procesamiento por parte de la justicia ordinaria y garantías de reparación a las víctimas”.

De forma concreta, la iniciativa, que ya fue revisada por el presidente Gustavo Petro y presentada al Consejo Nacional de Política Criminal, crea un marco de sometimiento a la justicia flexible y colectivo (hoy solo existe individual) para que este tipo de estructuras multicrimen entreguen sus armas, rutas, bienes ilícitos y cesen cualquier acción delincuencial y de control territorial. 

Así, los cabecillas y mandos medios serán condenados a penas efectivas de cárcel entre seis y ocho años, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo y estudio. Una vez cumplida la condena efectiva en prisión, tendrán cuatro años de libertad vigilada, tiempo en el que deberán desarrollar actividades restaurativas del tejido social y dirigidas a reparar a las comunidades afectadas por su accionar criminal.

Deberán entregar bienes de origen ilícito para reparar a las víctimas y se les permitirá quedarse hasta con el 6 % de su valor, tal como hoy se establece en la Ley de Extinción de Dominio.

En materia de extradición, en el proyecto no se afectan ni alteran las reglas vigentes al respecto. De igual manera, no se contempla la creación de una jurisdicción especial ni de nuevos procedimientos. Habrá mecanismos para detectar 'colados'. Asimismo, para acceder a los beneficios es imperativo que los integrantes de estas organizaciones reconozcan su responsabilidad en todos los crímenes, contribuyan a la verdad y reparación de las víctimas y participen de programas de reintegración.

No es lo mismo  

En vista de que Osuna indicó que muchos de estos mecanismos tienen su antecedente en la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), que se aplicó para la desmovilización de los paramilitares en el gobierno Uribe (imponiendo una penal principal de ocho años), EL NUEVO SIGLO habló con el exfiscal general Luis Camilo Osorio, pieza clave en la confección de dicha norma.

“Digámosle al ministro, con todo respeto, consideración y admiración, que son completamente distintas. Que precisamente ahí están partiendo del mismo plato al que se opusieron. En ese momento dijimos que la disidencia era igual a la insurgencia. Y ellos dijeron que no. Aquí estamos hablando de un tercer factor, que son los criminales, los delincuentes comunes… Digámosle al ministro que es todo lo contrario. Que todas esas cosas a las que ellos se opusieron en su momento, que solamente las aceptaban para los subversivos, como una patente de corso en torno a que podían hacer lo que quisieran, en este momento se está cambiando el régimen y dicen: por la ‘paz total’ vamos a perdonarle a todo el mundo. Ojo, ojo, porque los criminales siguen siendo criminales o se vierten en otros que no han sido criminales y que van a reemplazar los espacios vacíos”, explicó Osorio.

En cuanto a que la izquierda, que en su momento criticó la Ley de Justicia y Paz, señalando que promovía la impunidad, ahora, en el gobierno, proponga un esquema de beneficios que asimilan a Justicia y Paz, el exjefe del ente acusador reiteró que “están comiendo del mismo plato pero al revés. Ahora les toca ver la dificultad de haberse opuesto a tantas cosas buenas que hicimos en ese momento. Son sus equivocaciones las que están en este momento padeciendo… La paz no es el valor superior, la paz es un resultado de que haya justicia, verdad, reparación y de que los delincuentes paguen por sus culpas y de que quienes se acojan a una paz concertada, también lo hagan”.

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Ya sobre el esquema de sometimiento planteado, el exfiscal agregó que “… dependiendo de la pelambre de los criminales, se debe tener en cuenta cuál es su capacidad de criminalidad y su capacidad de arrepentimiento para poderles dar el perdón”.

Osorio dijo que en estos casos tiene que haber un régimen específico para que “sepamos en qué estamos metidos. Y para eso las órdenes que dicte el alto gobierno tienen que estar definidas en cuáles son las competencias que tiene para ello la justicia, empezando por la Fiscalía y los jueces. Son los que tienen finalmente que definir. Todo está dirigido a que se busque un elemento que conduzca a la paz. Ahora, ¿cuáles son las competencias del presidente?: -Señalar quiénes son los que están amparados por los beneficios que quiere otorgar. -A dónde se dirigen (los sometidos). En cuanto a personas que ya están incursas en delitos y ya están comprometidas, el elemento que lo define no es ni siquiera la Fiscalía, sino los jueces. Y también están las órdenes de captura contra personas que todavía no han sido sindicadas… Y debe tenerse en cuenta lo relativo a las solicitudes de extradición”.

Extradición intocable

Respecto a la posibilidad de que se pacte, por discrecionalidad presidencial, la no extradición de los cabecillas de estos grupos criminales de alto impacto, Osorio indicó que “el problema es muy sencillo: lo internacional, lo que estaba pactado, tiene también una consideración de constitucionalidad, es parte de la Constitución, y hay que cumplirlo. No puede el presidente bajo ninguna circunstancia, con estas facultades extraordinarias, superar eso… Los compromisos internacionales hay que honrarlos. En consecuencia no entraría lo de la extradición”.

Respecto al riesgo de que se presenten ‘colados’ en este proceso de sometimiento a la justicia de bandas criminales de alto impacto, ya que hoy es muy poco lo que se sabe de quiénes hacen parte de las mismas, el exfiscal señaló que “esas es una de las cuestiones que hay que reclamar” respecto a las posturas de la izquierda de años atrás y la de hoy.

“Con cuanta vehemencia se la cobraron al presidente Uribe e inicialmente a quienes buscamos un escenario de paz total pero alejando a los criminales de toda esta situación, y hoy cómo están reclamando (desde la izquierda) una situación distinta: ‘ah no, todos son perdonables, todos son sujetos de borrón y cuenta nueva’. Hay que exigirles la misma coherencia: quienes cometieron crímenes de alta brutalidad contra el Estado, tienen que pagar y no son perdonables. Esa es una regla que se aplica para todos: tanto para la subversión como la sedición, como para los criminales”, precisó.